El sector químico español (CNAEs 20 y 21) estima cerrar el ejercicio 2024 con un crecimiento productivo del 7,1%, recuperando un fuerte dinamismo, y un aumento del 4,8% en su cifra de negocios, alcanzando los 86.453 millones de euros. La principal causa de este repunte radica en la reactivación de la demanda, que también ha provocado un fuerte incremento en el volumen de exportaciones, además de la disminución de la inflación y los tipos de interés. Este comportamiento contrasta con la caída experimentada el año pasado, cuando la producción del sector retrocedió un 0,7% y la cifra de negocios un 6,8% debido a la contracción de los precios y la demanda.
Así lo explicó hoy la presidenta de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), Teresa Rasero, quien fue reelegida en el marco de la Asamblea General de Feique, evento clausurado por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y en el que también intervino el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.
Para 2025, las previsiones del sector apuntan a mantener un buen ritmo de crecimiento productivo del 3,2%, con la expectativa de que continúe la reducción de los tipos de interés y se impulse el consumo de bienes duraderos. Además, se espera que a estas variables favorables se sumen el crecimiento de la construcción y la automoción, dos sectores que tienen un gran efecto tractor sobre la economía española y, en particular, sobre la industria química debido a su alta demanda de productos químicos.
Respecto a la cifra de negocios, se espera que al incremento del 4,8% para 2024 se sume un nuevo crecimiento del 4,2% el próximo año. Con estas previsiones, las ventas de productos químicos superarán por primera vez los 90.000 millones de euros, lo que permitirá recuperar por completo el retroceso experimentado en 2023 debido al ajuste de precios y alcanzar un crecimiento acumulado del 35,7% desde 2019, el año previo a la pandemia.
Estas cifras positivas también impactarán en la creación de empleo, que previsiblemente crecerá un 4% hasta alcanzar los 242.000 empleos directos al cierre de este año, y un 3% adicional el próximo año, llegando a la cifra histórica de 250.000 personas asalariadas directas. Además, se trata de empleo de alta calidad: cualificado, estable y bien remunerado (con una media superior a 42.000 euros anuales en 2023), que se espera supere los 45.000 euros en 2024.
En un sector tan heterogéneo como el químico, sus diferentes subsectores están mostrando un comportamiento muy dispar a lo largo del año. Mientras que la química de consumo y especialidades (detergencia, cosmética, pinturas), junto con la química de la salud, están siendo las responsables directas de este crecimiento, la química básica (CNAE 201), que alberga las grandes plantas de producción y se encuentra al inicio de la cadena de valor, se muestra muy estancada a nivel productivo, y todo su crecimiento se está sustentando en el efecto precios.
El motivo de este comportamiento es el mismo que afecta al conjunto de la industria europea: el alto coste energético. La química básica es la que realiza la primera transformación de las materias primas y, para este proceso, requiere un alto consumo de energía. En este sentido, la presidenta de Feique ha señalado dos factores de coste que tienen un profundo efecto negativo en Europa en comparación con otras áreas geográficas: los altos precios del gas y la electricidad, y el coste de los derechos de emisión, que ha calificado de “inexistentes o ínfimos respecto a los pocos países que tienen establecido un régimen comparable”.
“El problema es que son precisamente las producciones de química básica o de otros sectores industriales similares las esenciales para mantener nuestra autonomía estratégica. Necesitamos, por tanto, precios energéticos más competitivos y acelerar los procesos de descarbonización, que son los aspectos clave para el futuro de la economía productiva europea”, ha subrayado.
El sector requiere una inversión anual de 3.000 millones para abordar su descarbonización
La descarbonización completa del sector químico español, antes de 2050, es una prioridad para esta industria, no solo para ser plenamente sostenible y alcanzar la neutralidad climática, sino también para seguir siendo competitiva en el nuevo escenario global.
Para afrontar este proceso de descarbonización, el sector estima que requerirá una inversión de 75.000 millones de euros en el periodo 2025-2050, lo que supone una inversión anual de 3.000 millones de euros. De esta cantidad, según ha explicado la presidenta de Feique, 1.700 millones de euros se refieren estrictamente al CAPEX, otros 850 millones de euros corresponderían al coste de parada de las operaciones para realizar modificaciones tecnológicas, y 450 millones de euros incluirían los costes de mantenimiento, así como otros necesarios para adaptarse a las modificaciones regulatorias que afecten a las instalaciones.
Tal y como ha apuntado Teresa Rasero: “En el sector químico debemos abatir 12,4 millones de toneladas de CO2, que es la cifra que consta en el último inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero de 2022, y no será sencillo, porque el principal problema no está en la inversión necesaria para incorporar nuevas tecnologías, que por supuesto es importante, sino en que hoy, los costes de operación de estas tecnologías son superiores a los de las tecnologías fósiles que continuarán utilizando nuestros competidores internacionales”.
Un fondo de descarbonización para apoyar la inversión y la competitividad
En este contexto, Rasero ha señalado que, si bien el sector valora positivamente el anteproyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica en aspectos como el nuevo modelo de gobernanza y los nuevos mecanismos e instrumentos que contempla para el desarrollo de la política industrial, también considera que debe complementarse con la creación de un Fondo para la Descarbonización.
Este Fondo debería incorporar el apoyo a los numerosos proyectos de inversión existentes, pero aún latentes, y, muy especialmente, a los costes de operación, para poder activar con seguridad los proyectos y garantizar que las empresas continúen siendo competitivas frente a terceros países.
En cuanto a la financiación del Fondo, según las estimaciones del sector químico, al menos el 50% de los ingresos procedentes de los derechos de emisión, que el pasado año alcanzaron los 3.500 millones de euros, deberían constituir la fuente de ingresos principal del mismo, dado que es la propia industria la que los abona directa o indirectamente. “Calculamos que el fondo debería aspirar a una cifra cercana a los 2.500 millones de euros anuales, la cual contribuiría a garantizar la continuidad de los activos industriales estratégicos de nuestro país de forma competitiva”, ha señalado Rasero.
Asimismo, la presidenta ha anunciado durante su intervención que a principios de 2025, Feique trasladará al Ministerio de Industria un informe detallado sobre el diseño de los contratos por diferencia en España. Aunque de alcance y formatos diferentes, estos modelos ya se encuentran operativos en Alemania, Países Bajos y Dinamarca. “Nuestro objetivo es que los contratos por diferencia de carbono puedan aplicarse a las tecnologías esenciales para la descarbonización, como CCUS, Electrificación, Hidrógeno y Gases renovables, orientados tanto a la oferta como a la demanda cuando sea preciso”, ha indicado.
Un precio eléctrico de 40 €/MWh para ser competitivos
El precio de la electricidad sigue siendo un importante freno a la competitividad de la industria electrointensiva en su conjunto y, muy particularmente, de la química básica, ya que este tipo de consumidores se encuentra en desventaja respecto a otros países europeos donde cuentan con diferentes apoyos de sus gobiernos.
En este sentido, la presidenta de Feique ha señalado que hay margen de actuación para lograr un precio final medio anual de la electricidad competitivo en la banda de los 40 €/MWh: “un precio que se puede alcanzar si agotamos los límites autorizados de compensación de las emisiones indirectas del CO2 que otorga la Ley de Cambio Climático y si limitamos el coste de los servicios de ajuste”, ha indicado. Asimismo, ha añadido que estas medidas harían que la industria básica fuera globalmente competitiva, garantizando su continuidad y alimentando proyectos de inversión.
Para la presidenta de Feique, aun reconociendo el esfuerzo del Ministerio para elevar hasta 300 millones de euros dicha compensación, si se tienen en cuenta los precios de la electricidad registrados en 2024 hasta la fecha, completados con los futuros hasta el 31 de diciembre, el diferencial de precio final frente a Francia y Alemania radica en el volumen de compensaciones de las emisiones indirectas de CO2 y en el elevado coste de los servicios de ajuste que afronta España, que alcanza casi 12 euros extraordinarios por cada MWh.
Un modelo orientado a la sostenibilidad
Por otra parte, Teresa Rasero se ha referido a la nueva agenda estratégica de la UE, que ha dado un giro decisivo hacia la reindustrialización de Europa. Este cambio ha sido iniciado en gran medida por la Declaración de Amberes, una iniciativa lanzada en febrero por el Consejo Europeo de la Industria Química, junto con otros 20 sectores industriales, como una llamada urgente a la Comisión Europea para desarrollar un Industry Deal del mismo calado que el Green Deal, con el objetivo de reforzar la competitividad y autonomía industrial de Europa.
El espíritu de esta Declaración ha sido posteriormente ratificado ampliamente por el informe Letta, la Agenda Estratégica 2024-2029 aprobada por el Consejo Europeo, las líneas de actuación presentadas por Von der Leyen en su discurso de reelección y el informe Draghi sobre la situación de la competitividad industrial europea. En esta línea, la presidenta de Feique ha querido reconocer el apoyo del Ministerio de Industria en el Consejo de Competitividad, posicionando a España como uno de los líderes en el soporte del proyecto industrial europeo.
Para Rasero, Europa debe plantear un modelo industrial orientado simultáneamente a la sostenibilidad y la competitividad, teniendo siempre en su horizonte el objetivo de reducir el costoso y complejo marco regulatorio, así como las cargas administrativas que “nos inundan de ineficiencias”. Tal y como ha señalado, el modelo tiene que servir para abaratar el coste de la energía en Europa, garantizar el acceso a materias primas críticas y estratégicas, y transformar de forma efectiva los sectores industriales respetando la neutralidad tecnológica.