La Unión Europea, en el marco de su Green Deal (Pacto Verde), trabaja en un ambicioso conjunto de estrategias para abordar la crisis climática, reducir la pérdida de biodiversidad, aumentar la eficiencia de los recursos y detener la contaminación ambiental. En este marco general, la UE ya mantenía objetivos de reducción de emisiones muy claros antes de que estallara la guerra de Ucrania, pero la situación generada tras el conflicto ha acelerado la política energético-climática de la UE con la idea de reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
Poco antes del verano fue aprobado el plan RePowerEU, una inversión estratégica a largo plazo cuyo objetivo es garantizar mediante la eficiencia, las energías renovables y el autoabastecimiento, el suministro de energía limpia en todos los países de Europa.
La UE pretende ser neutra en términos climáticos de cara al año 2050, es decir, se plantea tener dentro de dos décadas una economía con cero emisiones de gases de efecto invernadero. El reto planteado por el RePowerEU en materia de producción de energía hasta 2030 es ambicioso: el RePowerEU, con un 45% de renovables en el mix energético para 2030. Gracias a las medidas de este plan, se prevé eliminar al menos 155.000 millones de metros cúbicos de uso de gases fósiles, lo que equivale al volumen importado en Rusia en 2021.
Para lograrlo, el Banco Europeo de Inversiones trabaja con la Comisión Europea y los Estados miembros para aportar un billón de euros en inversiones verdes hasta 2030. La Comisión Europea estima que para dejar de depender de las importaciones de combustibles fósiles rusos se necesitan inversiones adicionales de 210.000 millones de euros de aquí a 2027. Se calcula que para reducir las emisiones en el horizonte 2030 en torno al 55% con respecto a 1990, la UE debería duplicar su inversión en energía hasta los 400.000 millones de euros anuales durante la presente década.
Dosis de ‘realismo’
El polo petroquímico de Tarragona emitió en 2021 algo más de 4,6 millones de toneladas de CO2 (0,25 sobre el total de la producción), lo que ya supone una importante reducción con respecto a un año de producción normal como 2019, cuando se registraron algo más de 5,4 millones de toneladas. Desde 2010, el vértice de la serie histórica se sitúa en 2016 con casi 5,6 millones de toneladas de dióxido de carbono, y en 2013 se refleja el menor valor con 2,1 millones.
La UE quiere en 2050 una economía con cero emisiones de gases de efecto invernadero
Esa reducción de casi un millón de toneladas desde 2019 debería marcar tendencia en el futuro. El sector químico de Tarragona se mantiene perfectamente alineado con estos objetivos y comprometido con su descarbonización y transformación hacia un modelo de neutralidad climática. Todas las empresas -con distintas intensidades- disponen de planes ambiciosos en esta dirección, aunque también ‘realistas’ en relación a las tecnologías disponibles en la actualidad. «Estamos convencidos de que estos planes, si cuentan con el apoyo y las facilidades necesarias por parte de las Administraciones, permitirán ir alcanzando los distintos hitos que nos hemos marcado tanto para los horizontes de 2030 como de 2050», expone Ignasi Cañagueral, presidente de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT).
Sin el ritmo adecuado
Dado que el hidrógeno verde tardará tiempo en ser competitivo y estar disponible en las cantidades necesarias, y que va a necesitar un despliegue muy importante de generación de energías renovables, la industria química lleva tiempo alertando de que «para hacer posible la transición energética habrá que considerar otros tipos de hidrógeno bajo en carbono, no sólo el verde, así como la captura, el uso y el almacenamiento del CO2 para su uso futuro como materia prima».
En 2021 el Banco Europeo de Inversiones sólo financió 13.000 millones de euros, -de ellos, 1.500 en España-, dirigidos al sector energético de la Unión Europea, frente a los citados 400.000 anuales que serían necesarios. Este indicador refleja que no se están ejecutando los compromisos al ritmo adecuado. El último informe del Observatorio de Sostenibilidad concluye que no se están cumpliendo los objetivos y que «no se ha producido descarbonización en España en el año 2021».
El polo petroquímico se mantiene perfectamente alineado con esos compromisos
Entre 1990 y 2020 España es el segundo país que menos ha reducido emisiones con respecto a Europa, con un 8%. La media europea está en el 29%. Países como el Reino Unido (45%), Alemania (42%) o Bélgica (26%) son los más concienciados. Eurostat publica que en 2021 España es el quinto país que más ha incrementado sus emisiones; sólo Bulgaria, Estonia, Eslovaquia e Italia registran peores datos. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que se remitió a la Comisión Europea marcaba una reducción del 23% de gases de efecto invernadero en 2030 (respecto a 1990).
Según el Ministerio de Transición Ecológica, este objetivo de reducción implica eliminar en ocho años una de cada tres toneladas de las emisiones que se emiten actualmente.
En este contexto, los próximos años van a resultar críticos, en especial para un sector como el químico. La química no sólo hace posible el 96% de todos los productos manufacturados, sino que las materias primas, incluidos los productos químicos, representan entre el 70% y el 90% de las emisiones de CO2 de los productos finales en industrias clave como la construcción, la automoción, la electrónica, la alimentación o la moda, por citar algunos de los más relevantes.
«Cuando descarbonizamos o, mejor dicho, desfosilizamos las materias primas y los productos químicos que producimos, podemos ayudar al resto de las cadenas de valor industriales y, en última instancia, a la sociedad. Si mañana algunos de esos productos dejaran de fabricarse en Tarragona, tendrían que ser importados del exterior, tal vez desde países con un impacto ambiental más alto y a un coste superior para los consumidores... Cumplir con nuestros compromisos de circularidad y neutralidad de carbono es crítico no sólo para nosotros sino para el resto del ecosistema», subraya el responsable de Asuntos Públicos y Servicios Generales de Dow Chemical Ibérica, Pitu Boronat.
Transición en tres fases
Tras un tímido avance en 2020, España se ha vuelto a alejar de los objetivos del PNIEC. Pese al incremento de las energías renovables eléctricas, el avance de los datos del consumo de combustibles fósiles para 2022 no pinta bien (+3,9% en productos petrolíferos y +26,8% de gas natural), con aumento de ciclos combinados y centrales térmicas de carbón. La prolongación de la sequía, que desploma la producción de energía hidroeléctrica, no ayuda a unas perspectivas optimistas.
Las empresas químicas del territorio presionan dentro de sus compañías para atraer inversiones
La industria -química, cemento y acero- aumenta sus emisiones en un 5%, un mal dato, si bien muy por debajo de la aviación (+33%) o el transporte por carretera (+14%).
Aunque los resultados todavía no han llegado en la medida en que sería deseable, el polo petroquímico de Tarragona está abordando una transición en tres fases: una primera fase, la actual y más inmediata, en la que la mejora de la eficiencia debe producir una reducción significativa de las emisiones de CO2.
En la segunda fase, algunas tecnologías puente, como la mencionada de la captura, uso y almacenamiento de CO2, tendrán que permitir un nuevo avance para alcanzar los hitos intermedios marcados por Europa, como los de 2030.
La neutralidad climática
Y, finalmente, en una tercera fase, cuando las tecnologías definitivas como el hidrógeno verde sean ya competitivas y estén disponibles en las cantidades necesarias, podemos aspirar a la completa neutralidad climática en 2050.
«Disponemos -analiza el presidente de la AEQT- de planes realistas, pero también es necesario que los poderes públicos apliquen criterios y políticas eficaces para acompañarlos; si no es así, en un contexto de competencia global, a las grandes empresas multinacionales es posible que les resulte más atractivo apostar por otros territorios, incluso dentro de la Unión Europea». Según Cañagueral, «es probable que, en los próximos diez años, fruto de la inversión que necesita este proceso de transición energética, haya clústers o plantas de producción que se queden por el camino, ya sea porque no hacen los deberes, o porque no reciben ese acompañamiento de la Administración... Por ejemplo, a día de hoy España sólo contempla el hidrógeno verde, y no otros tipos de hidrógeno bajo en carbono, como sí ocurre en el norte de Europa». Bajo este esquema de fuerte competencia interna, los directivos de las empresas químicas del territorio se ven abocados a presionar dentro de las compañías para atraer inversiones a Tarragona frente a otras localizaciones: «2030 es el primer hito que marcará quién se queda por el camino y quién no, y para ser competitivos en ese momento, debemos tomar decisiones ahora; no basta con que nuestros planes sean viables y realistas, sino que es imprescindible que la Administración los apoye y los facilite».
