La llegada de los competidores de Renfe a los trenes de alta velocidad ha supuesto una rebaja en los precios de los billetes de hasta el 60% en algunas de las rutas más demandadas como Madrid-Barcelona o Madrid-Valencia.
Esto se debe a la mayor competencia en la alta velocidad, que ha llevado a la compañía Renfe a abaratar billetes de AVE motivada sobre todo por la agresiva política de precios de las nuevas compañías Iryo y Ouigo para ganar cuota de mercado.
Algo que el ministro de Transportes, Óscar Puente, considera «insostenible» y que provoca distorsiones en el mercado.
En una rueda de prensa junto a la consellera de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, tras una reunión para constituir la comisión política para el traspaso integral de Rodalies, Puente llamó ayer a «reflexionar» sobre la sostenibilidad «a la larga» de una política de precios que debería servir para potenciar la competitividad y la calidad del servicio. «No puede ser que estén dando pérdidas muy importantes», criticó Puente.
El ministro hizo esta reflexión también al ser preguntado por si continuará la gratuidad del servicio de Renfe para pasajeros recurrentes.
Puente reconoció que ha tenido un impacto positivo en el uso del tren, que aumentó casi un 25% sus viajeros en 2023, pero que no está claro que haya comportado un descenso en el uso del vehículo privado, como señalaba un informe de Esade recientemente.
Críticas anteriores
No es la primera vez que el máximo representante de Transportes del Gobierno de España critica que los nuevos operadores estén realizando una política comercial tan agresiva mientras siguen dando pérdidas.
En esta ocasión, concretó que la francesa Ouigo pierde unos 40 millones de euros por su negocio en España e Iryo «una cantidad parecida», lo que «genera distorsiones en el sector».
El ministro hizo estas declaraciones tras reunirse con la consellera catalana y acordar un plazo de seis meses para redactar los estatutos de la nueva empresa mixta que gestionará los trenes de Rodalies.
En la misma también se pactó la creación de seis grupos de trabajo para la definición del traspaso de las infraestructuras y su mantenimiento, las inversiones, los recursos económicos o los asuntos jurídicos.