El Gobierno pretende hacer una reforma de las bajas por incapacidad temporal (IT) ante el imparable incremento que están experimentando en estos últimos años, tocando récords históricos. Así lo anunció este jueves la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, lo que ha generado cierto malestar en los sindicatos e incluso en algunos partidos políticos, como Sumar y Unidas Podemos.
«Hay que poner encima de la mesa del diálogo social de manera inminente una reforma de la incapacidad temporal para adecuar esa situación también a los tiempos que vivimos, a los avances médicos y a los avances tecnológicos», señaló la ministra, que abogó por flexibilizar estos procesos al estilo de lo que se ha planteado en la última reforma de la jubilación parcial y activa. Es decir, que no se tenga que elegir entre ser pensionista o trabajador, sino que se dé también la opción de combinar ambas situaciones para que no sea un cambio brusco, sino más gradual. Y esto mismo es lo que pretende Saiz que se haga con las bajas: que no haya que decidir entre estar de baja o darse de alta plenamente, sino que el trabajador en determinadas situaciones se podría acoger a una transición más suave, comenzar a trabajar parcialmente, si así lo desea.
«A nadie se le escapa que no solo la tecnología sino los avances médicos permitan que haya personas que puedan incorporarse a trabajar en algunos procesos de bajas médicas», precisó Saiz, que quiere, por tanto, hacer «más flexible« el tránsito entre bajas y altas, aunque siempre desde la «voluntariedad», recalcó. Para ilustrarlo, puso un ejemplo: «Hay procesos como el de quien está saliendo del tratamiento de un cáncer que, quizá, por supuesto desde la voluntariedad y la garantía de su salud, desde su seguridad, pueda incorporarse a trabajar haciendo una incapacidad temporal que no sea estar de alta o estar de baja». En el pluriempleo De igual manera, esta futura reforma también pretende introducir una mayor flexibilidad para la vuelta al trabajo voluntario en los procesos de bajas laborales de los trabajadores pluriempleados, de forma que pudiera estar de baja en un trabajo que requiera esfuerzo físico y no en otro que no lo implique. «Hay personas que pueden estar en una situación de baja para una actividad y, sin embargo, para la otra sí que pueden desarrollar determinados trabajos», argumentó.
Sin embargo, llevar adelante esta reforma no parece que vaya a ser fácil. La propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, criticó esta propuesta en X: «Solo hay una razón detrás de la incapacidad temporal: proteger la salud de las personas trabajadoras. No hay más opciones ni razones. Ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega». También los sindicatos salieron rápidamente a mostrar su disconformidad con las declaraciones de la ministra. «Hablar de voluntariedad en esas situaciones genera muchas dudas. Si hay una situación de IT, y el facultativo que dirige el proceso de recuperación considera que debe mantenerse, es chocante una propuesta como esa», denunció Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC.OO., que pide actuar en la inversión pública en el sistema sanitario para reducir listas de espera y agilizar las bajas. Desde UGT también ven «muy complicado» que en un mismo paciente pueda darse «una situación de capacidad e incapacidad laboral a la vez».
Ante las fuertes críticas, incluso recibidas de sus propios socios de Gobierno, el ministerio envió una nota posterior aclarando que estas propuestas «se abordarán siempre desde la voluntariedad y bajo la supervisión de un médico» y que serán «debatidas y consensuadas» en la mesa de diálogo social.
Las bajas, en máximos El número de bajas laborales se ha incrementando en España a niveles nunca vistos y, consecuentemente, también se ha disparado el gasto que tiene que destinar el Estado para ello. En 2023 se perdieron en España más de 396 millones de jornadas laborales como consecuencia de los procesos de incapacidad temporal (IT), un 62% más que en 2018, según un estudio publicado por Umivale Activa y el Ivie. El impacto de las bajas laborales anuales equivaldría a que 1,1 millones de trabajadores no hubiera acudido a su puesto de trabajo ningún día del año pasado o a una media de 20 días de ausencia al año por trabajador.
De esta forma, el gasto en prestaciones por incapacidad temporal se ha disparado un 17,6% en los ocho primeros meses del año hasta destinarse 10.422 millones de euros, según los últimos datos del Ministerio de la Seguridad Social.