La reducción de jornada a 37,5 horas semanales no será una realidad para todos los trabajadores españoles a partir del 1 de enero de 2025. Tampoco se aprobará la que se espera sea la medida estrella de esta legislatura antes de las vacaciones de agosto. Eran estos dos de los objetivos que se había marcado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero la fuerte oposición de la patronal y el toque de atención de Moncloa para intentar por todos los medios atraerles a un acuerdo que facilitaría mucho su tramitación en el Congreso le ha obligado a rectificar y flexibilizar tanto su postura como su tono.
Después de semanas de fuertes tensiones con la CEOE, Díaz se pliega a una de sus exigencias y dará a las empresas un «plazo mayor» para aplicar la jornada laboral «sin prisas», permitiendo que se haga «de forma progresiva y paulatina», previsiblemente a lo largo de todo el año que viene, al menos en aquellos sectores y negocios que tengan más difícil ponerlo en práctica.
Así lo admitió ayer el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, tras otra nueva reunión de la mesa de diálogo social que calificó de «muy constructiva» y en la ¬que -a su juicio¬- se consiguieron «avances», aunque no para los sindicatos, que denunciaron «cierto bucle y atasco» en la negociación y amenazaron con convocar movilizaciones en septiembre si en el próximo encuentro que mantendrán el 29 de julio no se producen «avances sustanciales y concretos».
«Es una medida que no se volverá a tocar en casi lo que queda de siglo y, por tanto, no tenemos que incorporarla de manera abrupta, sino que vamos a ir progresivamente bajando hasta las 37,5 horas posiblemente con la colaboración de la negociación colectiva», explicó el número dos de Díaz, que evitó fijar cuál es la nueva fecha que maneja ni si el plazo mayor será para todas las empresas o por sectores o tamaño. Pero sí dejó caer cuál puede ser el horizonte temporal: «No es lo mismo a inicios de 2025 a que se pueda contar con todo el colchón de 2025. Entre lo que queda de 2024 y todo 2025 hay un margen. Dentro de esos dos parámetros temporales hay fórmulas que permitan que esa incorporación sea más progresiva», como -ejemplificó- dar más días de vacaciones o permisos adicionales. Pese a abrirse a «flexibilizar la entrada en vigor» de la medida, los sindicatos dejaron claro que no están dispuestos a «suspenderla, aplazarla o llevarla a tiempos muy futuros», tal y como dijo la representante de CCOO, Mari Cruz Vicente. «El periodo transitorio debe empezar ya», advirtió. Su compañero de UGT, Fernando Luján, se mostró partidario de «ser flexibles en el ámbito de cada uno de los convenios, pero no con los aplazamientos».
