Antes de que termine el año las empleadas del hogar se equipararán al resto de trabajadores asalariados. «Vamos a decirles a las mujeres que nos cuidan que van a tener plenitud de derechos», prometió recientemente la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, después de que el Congreso ratificara por unanimidad el convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). La ministra de Trabajo avanzó además que la nueva ley que «mejorará la vida» de este colectivo, que representa el eslabón más débil del mercado laboral español, llegará al Consejo de Ministros en «breves días».
El objetivo que se ha marcado su departamento -que ya cuenta con un borrador de ley «avanzadísimo»- es hacerlo incluso antes del verano, para que prosiga los trámites legislativos, sea aprobado en el Congreso y pueda entrar en vigor «cuanto antes», con seguridad antes de que finalice 2023. La finalidad de esta ley es acabar con la discriminación histórica de las cerca de 400.000 afiliadas al Régimen del Hogar para que tengan «iguales derechos» que el «resto de trabajadores», tal y como aseveró Díaz la semana pasada.
Esto implicará que las trabajadoras domésticas podrán acceder al paro, una vieja reivindicación, y cobrarán una mayor indemnización en caso de despido. Porque hasta ahora despedir a las empleadas del hogar es muy fácil y barato. No se necesita ningún tipo de justificación. Cuando el empleador entienda que ya no necesita los servicios de una doméstica, puede rescindir el contrato sin necesidad alguna de argumentar los motivos. No importa la causa: puede ser porque ya no se puede permitir ese gasto, porque los niños han crecido, porque no le gusta cómo trabaja o porque ha encontrado otra mejor. Únicamente es necesario avisarla con 20 días de antelación, en el caso de que la empleada lleve más de un año trabajando o siete días si su antigüedad es inferior, y pagarle una indemnización equivalente a doce días por año trabajado, con un tope de seis mensualidades. Esto solo ocurre en el régimen especial en el que se encuadra este colectivo y que contempla lo que se denomina 'despido por desistimiento', algo a lo que se pondrá fin con la nueva norma.
Esto supone una discriminación con el resto de asalariados, cuyo despido sí exige una justificación y ha de indemnizarse con 20 días por año trabajado y un límite de doce meses en caso de que sea objetivo, o 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades si es improcedente. De las palabras de la ministra se desprende que la reforma de este sistema implicará también una indemnización más cara, semejante a la de los asalariados. De hecho, también se ha mejorado la indemnización de los artistas en el Estatuto recientemente aprobado.
Y también subirán las cotizaciones sociales porque en el momento en que se apruebe esta ley las empleadas del hogar deberán cotizar a la Seguridad Social por desempleo y por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para cuando haya casos de insolvencia. Sin embargo, el Gobierno está estudiando la fórmula para que esto no suponga un coste extra ni para el empleador ni para la trabajadora. Su idea es articular una bonificación o algún mecanismo para «neutralizar» este encarecimiento, según avanzó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Inspecciones de Trabajo Estos son los dos grandes pilares sobre los que pivotará la reforma, pero no serán los únicos derechos que conquisten las trabajadoras domésticas. También se recogerán otras reivindicaciones que viene reclamando el colectivo, como incluirlas en la ley de prevención de riesgos laborales -algo que, además, se aprobará próximamente en un proyecto de ley independiente para profesiones feminizadas-, derecho a huelga y negociación colectiva, reconocimiento de sus enfermedades como laborales y no como accidentes comunes o una supervisión de sus condiciones por parte de la Inspección de Trabajo.
En la actualidad hay algo más de 378.000 empleadas del hogar dadas de alta en el sistema y que, por tanto, se beneficiarán de estos nuevos derechos que las equiparan con el resto de asalariados. Pero no están todas las que son. Cerca de 200.000 trabajan en la clandestinidad, de manera irregular -según las estimaciones de CC OO-, lo que les impide el acceso a cualquier derecho, como estar de baja en caso de enfermedad.
España es el país europeo con mayor número de empleadas del hogar -representan el 3% de la potencia laboral- y aglutina una cuarta parte del empleo doméstico de la UE, según datos de Eurostat. Este colectivo está compuesto mayoritariamente por mujeres (88% del total), casi un 30% tiene más de 55 años y más del 43% son inmigrantes. Además, más de la mitad tiene un contrato a tiempo parcial.