«Los próximos dos años son fundamentales, tenemos como mucho 2023 y 2024 para tomar decisiones. Esto es un tema darwinista: te está cambiando el entorno y, si no te adaptas a los cambios de tu ecosistema, ya sabes lo que sucede. Es una carrera en la que, si no haces nada, sales rezagado. No solo eso: es que los demás ya hace tiempo que corren».
Es el análisis de Jeroni Farnós, presidente de la Comissió d’Indústria Química del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (EIC), ante el momento crucial que atraviesa la industria en Catalunya y, en particular, el polo petroquímico de Tarragona.
En plena transición energética para alcanzar los objetivos marcados por la Comisión Europea (CE) para lograr hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro en el año 2050 (pero con horizontes temporales mucho más cercanos, que fijan en 2030 transformaciones sustanciales en el sector industrial), el primer polo petroquímico del sur de Europa afronta un reto sin precedentes, y lo hace con algunos ases menos de los que disponen sus competidores.
«Tenemos como mucho 2023 y 2024 para tomar decisiones» (Jeroni Farnós, EIC)
La moratoria sobre la ampliación de incineradoras de residuos en Catalunya (como paso previo a la aprobación, en dos años, de un plan para su cierre y desmantelamiento), junto a la tramitación de un impuesto (exclusivamente en Catalunya) sobre las emisiones de CO2 de la industria, son dos de los obstáculos que impiden hoy competir en igualdad de condiciones con otros clusters industriales europeos inmersos ya en pleno proceso de transformación.
Los déficits crónicos en infraestructuras (autovía A27, ancho ferroviario europeo para el transporte de mercancías, redes eléctricas cerradas), las trabas para implantar en Catalunya instalaciones de generación de energía renovable (eólica y fotovoltaica), pero también para desplegar redes eléctricas de alta capacidad con otras comunidades autónomas mucho más avanzadas en la transición energética (como es el caso de Aragón), con el fin de abastecer a la industria de la electricidad necesaria tras el cierre anunciado de las centrales nucleares, son otros lastres añadidos.
La industria química es el segundo sector de Catalunya, después del agroalimentario
Completa la imagen una mirada restringida a unas pocas tecnologías en el proceso de descarbonización, donde que vectores energéticos como el hidrógeno azul o el hidrógeno turquesa, que pueden ser un camino intermedio hasta la implantación masiva del hidrógeno verde, son frecuentemente ignorados por las administraciones públicas.
Sobre este último aspecto, Ignasi Cañagueral, Director del Complejo Industrial de Dow Tarragona y del Hub de Operaciones del Sur de Europa de esta multinacional estadounidense, además de presidente de la Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), explicaba hace pocas semanas que «en Europa hay 45 crackers, y solo los que se descarbonicen son los que tendrán futuro: por eso necesitamos complicidades».
Dos de esos crackers (uno perteneciente a Dow y el otro a Repsol) están situados en el Polígono Norte del polo petroquímico de Tarragona, donde se convierten las naftas en las olefinas (en esencia, etileno y propileno) con las que luego se fabrican, en el Polígono Sur, polímeros como el polietileno y el polipropileno.
Inversiones vitales
Descarbonizar un cracker, igual que descarbonizar un polo petroquímico o un sector industrial entero, es algo que requiere de inversiones importantes. Con los recursos siempre limitados y los centros de decisión de la mayoría de estas empresas situados a muchos kilómetros, fuentes del sector reconocen que cualquier indicio de obstáculo añadido a los que tienen otros centros de producción europeos en competencia, constituye una seria amenaza para la captación de esas inversiones vitales para el futuro.
«En los próximos diez años habrá plantas químicas en Europa que, si no tienen apoyo del territorio, se quedarán por el camino» (Ignasi Cañagueral, AEQT)
«Todas las partes implicadas -reflexiona Jeroni Farnós, de Enginyers Industrials de Catalunya (EIC)- hemos de ser conscientes de que la industria química es el segundo sector de Catalunya, solo por detrás del agroalimentario, y que si no lleva a cabo su transformación o los otros lo hacen antes que ella, y en diez años solo se encuentra costes de CO2, residuos que tiene que llevar fuera porque no los puede tratar, etcétera... si este ecosistema no hace nada y por ejemplo Amberes o Marsella lo hacen mejor que nosotros, no te llegarán inversiones y habrá un riesgo».
«Cuando hablamos de competitividad -explica Ignasi Cañagueral, presidente de la AEQT-, son clave el componente energético, de infraestructuras y de innovación. Ya hemos hecho en el pasado manifestaciones públicas de preocupación por la moratoria de las incineradoras de residuos, o por la posibilidad de que no se puedan incinerar residuos en Catalunya, lo cual sería un grave problema para la industria catalana. Si determinados residuos industriales no se pueden tratar de la mejor manera conocida (la incineración), eso será un problema».
«Además -añade Ignasi Cañagueral-, es un agravio al territorio, como lo es el impuesto al CO2, que es una doble imposición, diferencial, porque ya existen los derechos de emisión europeos».
Cargas adicionales
El régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE o ETS, por sus siglas en inglés) establece un límite a la cantidad total de determinados gases de efecto invernadero que pueden emitir cada año las entidades cubiertas por el sistema. Ese límite se reduce a lo largo del tiempo de forma que las emisiones totales disminuyen.
Desde la introducción del RCDE en 2005, las emisiones se han reducido en un 42,8% en los sectores cubiertos: la generación de electricidad y calor, los sectores industriales de gran consumo energético y la aviación comercial dentro de Europa.
El año 2050 es la fecha fijada para que Europa alcance la neutralidad climática. La industria europea vive hoy una transformación sin precedentes.
En este marco, las entidades reguladas (como es el caso de muchas de las empresas presentes en el polo petroquímico de Tarragona) compran o reciben derechos de emisión, que pueden intercambiar entre sí en caso necesario.
Si, al finalizar el año, una de estas entidades reguladas logra reducir sus emisiones hasta el punto de mejorar el límite anual fijado, puede conservar los derechos de emisión ‘ahorrados’ para cubrir sus necesidades futuras o venderlos a otra instalación que no disponga de derechos de emisión.
Añadir a estas reglas comunes una carga fiscal adicional, solo en Catalunya, para las emisiones de CO2, es una muy mala señal cuando se compite con otros centros de producción para captar esas inversiones vitales para llevar a cabo este proceso de transformación.
«El impuesto al CO2 nos preocupa -sostiene Ignasi Cañagueral, de la AEQT-, porque nos resta competitividad diferencial, y no permite que todos juguemos con las mismas cartas». Redes eléctricas cerradas (tras un año de publicarse su borrador, todavía no hay respuesta a las alegaciones presentadas por la industria química), tercer carril ferroviario para la exportación de mercancías en tren con ancho europeo o despliegue de energías renovables son otras de las cartas que, en opinión de Ignasi Cañagueral, faltan en la mano para competir en igualdad de condiciones.
«Como trabajadores, estamos preocupados. Si no cogemos este tren, lo perderemos» (Moisés Fortuny, UGT-FICA)
«En los próximos diez años -vaticina Ignasi Cañagueral-, en Europa habrá plantas químicas que se quedarán en el camino. Que, si no tienen apoyo del territorio, se quedarán en el camino. Nosotros estamos luchando y compitiendo por captar esas inversiones, y el año 2030 es el primer punto estratégico que marcará quién continúa y quién no en esta carrera. Se tienen que decidir cosas ahora, no de aquí a seis años, porque las decisiones, las empresas, las toman ahora».
Desde las organizaciones sindicales se muestran también preocupados por todas esas cargas añadidas que minan la capacidad de adaptación de una industria que en Tarragona genera unos 5.000 empleos directos industriales de alta calidad, a los que se añaden otros más de 5.000 indirectos y unos 35.000 inducidos.
Moisés Fortuny, secretario general de UGT-FICA en Tarragona, explica que «esto ya viene del año 2010, con el bloqueo de infraestructuras como la A27 o el ancho ferroviario internacional desde el Port de Tarragona. Ahora -prosigue- lo estamos complicando mucho con la moratoria de incineradoras, donde no hay una alternativa posible a la incineración para determinados residuos industriales. Y, si en dos años cerramos las incineradoras en Catalunya, eso complica muchísimo el futuro de la industria, no solo en Tarragona, sino en toda Catalunya».
Sobre el futuro impuesto al CO2 industrial que prepara la Generalitat de Catalunya, Moisés Fortuny alerta de un posible impacto en forma de deslocalizaciones industriales: «No sabemos cómo acabará siendo esta normativa, pero si sale tal y como parece, las deslocalizaciones serán hacia Aragón y València. ¿Por qué debería una empresa hacer una inversión en Tarragona si ha de pagar el doble que en Aragón o València?».
«La normativa -insiste Moisés Fortuny- no está ayudando [a la captación de inversiones] y desde las administraciones públicas se toman decisiones sin tener los pies en el suelo ni hablar con los agentes sociales. Con las redes cerradas, más de lo mismo. En lugar de favorecer, están poniendo palos a las ruedas que provocan serios problemas en el momento de afrontar cualquier inversión».
«La industria química en Tarragona -destaca el secretario general de UGT-FICA en Tarragona- aporta calidad en ocupación. Y si no cogemos este tren, lo perderemos. Como trabajadores estamos preocupados, porque las plantillas no están preparadas para toda la innovación que viene. O nos reciclamos, o sufriremos».
Javier Sancho, director del complejo industrial de Repsol en Tarragona y vicepresidente de la Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), confirma que «el polo petroquímico de Tarragona se encuentra en un momento de incertidumbre y de redefinición».
«Todos -explica- tenemos un compromiso con la sostenibilidad, con ser neutros en CO2 en el año 2050, y esto implica una transformación total de lo que son nuestras actividades industriales. Todas las empresas estamos hoy en fase de diseño y redefinición para la reducción de CO2, y cada empresa lo hace en una senda diferenciada».
«En el caso de Repsol -prosigue Javier Sancho-, marcando hitos intermedios, porque reducir un 100% las emisiones no se hace de un día para otro, sino de manera gradual. Todas las empresas estamos marcando ahora esos hitos intermedios, avanzando en eficiencia energética y reduciendo consumos energéticos. A partir de aquí, nos encontramos en un momento trascendental de definición, y de cuál será el futuro del polo petroquímico de Tarragona».
Dicho lo cual, pone el foco sobre el elemento clave: «Hemos de ser más competitivos para asegurar la continuidad de las empresas en el Camp de Tarragona. Y, para ser más competitivos, todos estamos apostando por la diferenciación de nuestros productos, para que no sean commodities, sino productos con valor añadido».
Igualdad de oportunidades
Pero la competitividad no pasa solo por ahí. En esa capacidad de competir pesa, y mucho, contar o no con el respaldo público y social con el que cuentan otras concentraciones industriales que en Europa encaran ahora este mismo proceso. «Tarragona -reconoce Javier Sancho- está en una situación complicada desde el punto de vista del acompañamiento que tenemos».
«Es necesario que juguemos con las mismas reglas que nuestros competidores» (Javier Sancho, AEQT)
«Es necesario -argumenta el vicepresidente de la AEQT- que haya un ecosistema que facilite la transformación del complejo petroquímico de Tarragona, y que juguemos con las mismas reglas que nuestros competidores, con seguridad jurídica y poniendo fin al déficit histórico de infraestructuras».
«Esto es una revolución -destaca Jeroni Farnós, de Enginyers Industrials de Catalunya (EIC)-, y en cuarenta años no había visto una transformación tan revolucionaria en todos los aspectos, también en digitalización. No es rápido, ni sencillo, ni barato, pero pienso que hay consciencia sobre ello».
La dimensión del reto queda clara cuando se observan algunas cifras. Enginyers Industrials de Catalunya calcula que, para llevar a cabo la transición energética que permitiría a toda la industria catalana llegar al año 2050 cumpliendo con los objetivos de descarbonización fijados por la CE, serían necesarias inversiones por valor de 225.000 millones de euros hasta esa fecha, con la creación de 150.000 puestos de trabajo especializados.
«Las empresas no están dormidas -asegura Jeroni Farnós-, y hay oportunidades para ser más competitivos. Tenemos oportunidades porque el sector químico es un sector que va bien, pero hay una transformación en el ecosistema a la que te has de adaptar, como todo el mundo. Por eso debemos velar por la competitividad de este sector: hay que ser muy conscientes de que esta industria vive en un mundo muy competitivo».
«Tarragona no es el único polígono petroquímico que hay -coincide Javier Sancho, de Repsol-, pero estamos trabajando para que sea el más importante de Europa. Soy optimista en que alcanzaremos los retos pero, respecto a otros, vamos con un poco de retraso; y para acelerar hay que trabajar de forma muy intensa».