En las últimas semanas, la vivienda se ha situado en el centro de la agenda pública y los medios de comunicación (con permiso de las graves inundaciones que castigan estos días parte del país). El Gobierno estatal anuncia un plan para construir 43.000 viviendas de alquiler asequible, mientras que el Gobierno catalán prevé construir 50.000 viviendas públicas.
Además, el reciente aprobado Plan Territorial Sectorial de la Vivienda prevé llegar al 15% de parque de viviendas destinadas a políticas sociales en los próximos 20 años, en los municipios catalanes incluidos en áreas de demanda residencial fuerte y acreditada. Y aunque aplaudimos las iniciativas y celebramos que se ponga un mayor interés en abordar la problemática de la vivienda, nos surgen algunas incógnitas.
¿Quién va a gestionar este aumento del parque de vivienda social en España?
La primera relacionada con la tipología de viviendas a las que se refieren las medidas; los anuncios mencionan vivienda pública, vivienda de alquiler social o de precio asequible, pero cabe destacar que estos son conceptos distintos. A falta de un concepto unitario (la Ley estatal de vivienda, lejos de ayudar a armonizar conceptos, añade una pléyade de términos que poco ayudan a estructurar el sector), a nivel europeo se destacan dos elementos que definen el concepto de vivienda social: 1) ofrecerse por debajo del precio de mercado o a precio asequible, y 2) seguir reglas de adjudicación establecidas por normativa que siguen criterios de necesidad de vivienda. En cambio, el concepto de vivienda asequible es mucho más amplio (adoptando un cariz más complejo y multidimensional en los últimos años), y la vivienda pública es simplemente aquella de titularidad pública. La falta de concepto unitario también nos lleva al desconocimiento del parque total de vivienda social existente, siendo el famoso 2% una cifra poco fidedigna. A ciencia cierta, pues, no se sabe con exactitud cuánta vivienda social hay en España.
La segunda incógnita es quién va a gestionar este aumento del parque de vivienda social. España carece de un marco legal que armonice, unifique y regule las particularidades que afrontan la variedad de entidades que gestionan vivienda social.
Estamos ante un sector muy complejo, al existir una gobernanza multinivel y una temporalidad de los planes de vivienda, lo que comporta una pluralidad de programas y regímenes jurídicos aplicables, así como la aplicación en cascada de normas derogadas, al regirse cada promoción de viviendas por la normativa que le otorgó las ayudas económicas.
Además de contar con colectivos destinatarios con perfiles cada vez más vulnerables, con necesidades que van más allá de la oferta de una vivienda. Todo ello sin mencionar la dispersión de las viviendas en el territorio, la acumulación de morosidad, los problemas de conflictividad o los elevados costes de mantenimiento del parque. Así, el aumento del parque de vivienda social debe ir estrechamente ligado al impulso de estructuras funcionales de gestión, capaces de absorber la gestión de este complejo parque.
Finalmente, es importante recalcar que la compleja problemática de la vivienda no puede abordarse únicamente aumentando el parque de vivienda social, puesto que requiere de medidas a diferentes niveles, destacando las estructurales, a largo plazo, coherentes y constantes, que además demandan de consenso, no solo político, sino de todos los agentes del sector.
Hablemos de rehabilitación y accesibilidad universal, de cohesión territorial, de diversificar las fórmulas de acceso a la vivienda o de aportar seguridad jurídica (inexistente actualmente, sobre todo en materia de alquileres). Hablemos de obtener datos que permitan diseñar políticas que respondan a las necesidades reales existentes y de realizar un análisis del impacto y los efectos de las políticas aprobadas.
Núria Lambea Llop
Subdirectora de la Cátedra Unesco de Vivienda Universitat Rovira i Virgili