Cuando hay elecciones, la Administración se paraliza. Y si se suceden dos comicios, como las municipales y autonómicas del 28-M y las generales del 23-J, más aún. Cualquier decisión que se tome estas semanas estará bajo la lupa de la Junta Electoral, y no será hasta que haya un nuevo inquilino en la Moncloa cuando el motor de la economía pública vuelva a carburar. Sin el tirón de la inversión estatal, España seguirá avanzando, pero lo hará por la inercia que la impulsa desde principios de año.
La Administración ejerce un poder de tracción que no tiene ningún otro actor sobre la economía. Solo en 2022, el peso del gasto público sobre el PIB superó el 47% del total.
Los cálculos de los distintos organismos apuntan a que la economía crecerá a un ritmo de entre el 1,5% y el 2,1% en 2023. El PIB ya inició el ejercicio con un alza del 3,8% interanual en el primer trimestre; porcentaje que previsiblemente será mayor entre abril y junio. El termómetro del PIB de la AIReF en tiempo real ya anticipa que la economía está creciendo un 1% este trimestre; y lo hace a un ritmo superior al 2% a lo largo de todo el ejercicio.
Uno de los últimos informes de Funcas apuntaba que la economía irá «de más a menos» y que habrá una «clara desaceleración» respecto al 5,5% registrado en 2022. A corto plazo persisten factores alcistas, como la desescalada de los precios energéticos, la normalización del turismo y el ritmo de ejecución de los fondos europeos. En contra juegan el impacto de la subida de tipos del BCE, la aún alta inflación y las tensiones en los mercados bancarios.
Las compañías vinculadas a la construcción son las más afectadas por la convocatoria de elecciones. Aunque notaron el tirón de su actividad en los últimos meses previos a los comicios: la licitación de obra pública mejoró en el primer cuatrimestre más de un 10%, hasta más de 8.000 millones de euros, según la patronal Seopan.
La banca (por el futuro del impuesto extraordinario), las energéticas (por la regulación del mercado y las medidas pendientes, como la nueva tarifa regulada) y el mercado inmobiliario (por la aplicación de la ley de vivienda) son los tres sectores más pendientes tanto de la suspensión de la actividad como de las decisiones estratégicas que pueda tomar el Ejecutivo que salga de las urnas.
La cuestión del dinero que llega de Bruselas también es crucial para España en medio de la campaña. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya anunció el pasado miércoles que enviará esta semana a Bruselas la adenda al Plan de Recuperación. va ligada a una nueva inyección de 84.000 millones. A estas ayudas europeas hay que añadir otros 7.700 millones en transferencias adicionales por los retrasos acumulados, y otros 2.600 millones en concepto de los RepowerEU. En conjunto, 94.300 millones.
El futuro del plan de ayuda anticrisis
La otra gran cuestión económica pendiente será la decisión que tome el Gobierno con el plan de ayuda anticrisis en vigor. Expira de forma inminente, el 30 de junio. Y lo aprobará (modificaciones, extensiones o suspensiones) sí o sí vía decreto ley. ¿Quién lo validará en las Cortes? La Diputación Permanente, uno de los órganos que están activos en esta época electoral para sustituir la acción de todo el Congreso. Entre otras medidas, a finales de mes caducan la reducción del precio de abonos y títulos de transporte público (no así el descuento de Cercanías de Renfe y Media Distancia), la bonificación al combustible para transportistas, y la rebaja del IVA de los alimentos. Las medidas para reducir la factura eléctrica, como la rebaja del IVA al 5%, están previstas hasta el 31 de diciembre.
Una de las primeras decisiones que deberá tomar el Gobierno que salga de las urnas, por otra parte, será la activación de la ley de Presupuestos para 2024. Será su primera gran tarea.
La otra gran cuestión económica pendiente será la decisión que tome el Gobierno con el plan de ayuda anticrisis en vigor. Expira de forma inminente, el 30 de junio. Y lo aprobará (modificaciones, extensiones o suspensiones) sí o sí vía decreto ley. ¿Quién lo validará en las Cortes? La Diputación Permanente, uno de los órganos que están activos en esta época electoral para sustituir la acción de todo el Congreso. Entre otras medidas, a finales de mes caducan la reducción del precio de abonos y títulos de transporte público (no así el descuento de Cercanías de Renfe y Media Distancia), la bonificación al combustible para transportistas, y la rebaja del IVA de los alimentos. Las medidas para reducir la factura eléctrica, como la rebaja del IVA al 5%, están previstas hasta el 31 de diciembre.
Una de las primeras decisiones que deberá tomar el Gobierno que salga de las urnas, por otra parte, será la activación de la ley de Presupuestos para 2024. Será su primera gran tarea.
