Díaz arranca a Cuerpo el desbloqueo de la reducción de jornada con visos de pactarla

Los ministros Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz acercan posturas para intentar cerrar el conflicto que enfrenta a las dos alas que conviven en el seno del Gobierno, el PSOE y Sumar, para reducir la jornada a 37,5 horas. Tras su segundo encuentro de esta semana para rebajar la tensión entre Trabajo y Economía, ambos departamentos pactaron en una reunión de poco más de media hora que el acuerdo de "diálogo social" firmado en diciembre entre Díaz y los sindicatos se aborde en la próxima Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), que se celebrará el 27 de enero. Este acuerdo no implica, sin embargo, que la medida vaya a ir al cónclave ministerial del martes 28 de enero, el último que se celebrará este mes. "Ambos ministerios seguirán trabajando en esta cuestión para que vaya al Consejo de Ministros cuanto antes", trasladaron anoche en un escueto comunicado, el mismo, los departamentos de Díaz y Cuerpo. Fuentes conocedoras de la negociación apuntan a que ese desbloqueo pueda desembocar en un pacto definitivo para que el proyecto de ley se pueda aprobar en los mismos términos en los que fue cerrado entre el Ministerio de Trabajo y CC OO y UGT a finales de diciembre. De esta forma, el acuerdo alcanzado este miércoles contentaría a ambas partes en un trance delicado de la legislatura. Díaz consigue el primer objetivo, desbloquear el trámite que viene denunciando por parte de Economía, que provocó una escalada de tensión entre ambos ministerios hace ya dos semanas, para que el texto pase por el órgano donde se deciden y examinan los temas antes de llegar a Consejo de Ministros. La decisión sobre si la tramitación se desarrolla por la vía ordinaria o urgente recae ahora en el departamento que dirige Carlos Cuerpo, que es quien controla esta comisión. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar no quiere dar su brazo a torcer y se muestra firme en su decisión de que la medida estrella de la legislatura, de la que ha hecho bandera, se aplique ya a finales de este mismo año, tal y como recoge el acuerdo de Gobierno. Para ello la única opción es que el anteproyecto de ley se tramite por la vía de la urgencia y que Economía no siga retrasando su llegada al Consejo de Ministros. Trabajo rumia que desde el PSOE pretenden ser más flexibles con la entrada en vigor de esta norma y ampliar los plazos más allá de 2025, algo que el propio Cuerpo admitió a este periódico en una entrevista este domingo. Tampoco aceptará la vicepresidenta segunda, según ha enfatizado, ningún cambio en el texto que ella misma ha pactado con los sindicatos a no ser que se efectúe ya durante su trámite en el Congreso, algo que Economía no descarta hacer para convertirlo en el texto de todo el Gobierno y no solo de Trabajo. Es más, fuentes de este ministerio dejaron caer que lo que pretende retocar Cuerpo es evitar el aumento para los trabajadores a tiempo parcial que conllevaría la nueva norma si se mantiene el texto tal cual está, puesto que se obliga a las empresas a mantener la jornada actual de estos trabajadores con el propósito de que sus sueldos tengan que subir. Los tiempos Aunque en Economía insisten que la reducción de la jornada se trata de un "objetivo compartido", es en los tiempos de aplicación donde están las divergencias con el socio minoritario del Gobierno. Díaz quiere que ésta se tramite con urgencia para que pueda entrar en vigor en 2025 mientras que Cuerpo defiende que los ministerios socialistas tienen que hacer sus aportaciones a la norma para que del Consejo de Ministros salga un texto con el que los dos socios se encuentren "cómodos". Y ello sin obviar la tramitación parlamentaria de la norma, que debe reunir una mayoría que, a día de hoy, está alejada por las diferencias entre los socios de investidura en torno a esta cuestión. Las tiranteces entre ambos aliados se producen al mismo tiempo que ambos ministerios se adentran en la negociación de otro asunto de calado económico que amenaza con convertirse en la siguiente gran batalla entre los socios: la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Y este miércoles el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, añadió una discrepancia más, al criticar la proposición de ley del PSOE para limitar la acusación popular. "No procede", aseguró.