El derecho de todos los seres humanos a un ambiente adecuado para su salud y bienestar, el derecho a la paz y el derecho a un Desarrollo Sostenible constituyen el núcleo principal de lo que se conoce como derechos humanos de tercera generación, que se califican como derechos de solidaridad (Vercher Noguera, 1998), en la medida que tienden a preservar la integridad del ente colectivo y persiguen la universalización de los derechos de primera generación (los derechos democráticos, civiles y políticos) y de segunda generación (los derechos económicos, sociales y culturales).
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lleva décadas promoviendo el derecho a un Desarrollo Sostenible, desde la Declaración de Estocolmo de 1972, como fusión del derecho al medio ambiente y al desarrollo humano. El plan de acción en vigor de la ONU es la Agenda 2030, fue aprobada en la Asamblea General del mes de septiembre de 2015 y se compone de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas conexas, con la finalidad de conseguir la sostenibilidad desde tres ópticas, a saber, medioambiental, económico y social, con el fin de proteger el planeta para generaciones futuras y la promoción de una sociedad inclusiva en la que nadie quede atrás.
El ODS 11 se enfoca en la transformación de las ciudades para conseguir que sean inclusivas, resilientes y seguras partiendo de unas previsiones que anuncian que, en 2050, dos tercios de la población mundial vivirá en las ciudades. Para abordar el desafío y conseguir que las ciudades sean espacios de oportunidades para todas las personas se aprobó la Nueva Agenda Urbana (NUA), en la ciudad de Quito, en octubre de 2016, que debe ser desarrollada por todos los Estados.
La primera de las funciones sociales de las ciudades que señala la NUA en su número 13 es lograr progresivamente la plena realización del derecho a una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y para ello en su número 31, se compromete a promover políticas en materia de vivienda que luchen contra todas las formas de discriminación y violencia e impidan los desalojos forzosos arbitrarios, y que se centren en las necesidades de las personas sin hogar, las personas en situaciones vulnerables, los grupos de bajos ingresos y las personas con discapacidad, así como aplicar una perspectiva de edad y de género.
Entre las diferentes recomendaciones que se contienen para conseguir los objetivos destaca el aumento en la seguridad de la tenencia de la vivienda, reconociendo la pluralidad de los tipos de tenencia, que sean flexibles y se adapten a las diversas opciones de vivienda adecuada que sean seguras, asequibles y accesibles para los miembros de diferentes grupos de ingresos de la sociedad.
Otros de los aspectos destacados para la sostenibilidad medioambiental descansan sobre la generalización de las energías renovables, incentivar de la movilidad sostenible y garantizar el acceso equitativo a las tecnologías de la información y las comunicaciones, conectadas con espacios públicos inclusivos libres de barreras a la plena participación social.
No cabe duda que estos compromisos adquiridos requieren la constitución de una alianza global, ODS 17, que permita coordinar las múltiples medidas que deben desarrollarse, teniendo el derecho a la vivienda un papel fundamental en cada una de las áreas señaladas.
La cuestión es si ese papel servirá para soportar una partitura que permita ser interpretada por todas partes implicadas para conseguir la manifestación de los derechos humanos en su globalidad o, por contra, será un bonito cartel colgado en una pared para ser exhibido a la ciudadanía como un sueño colectivo inalcanzable. Se verá en las próximas décadas.
