El gobierno español ha terminado dando luz verde a la declaración de impacto ambiental (DIA) que debe permitir sellar definitivamente y abandonar los pozos del fracasado almacén de gas submarino Castor.
Han tenido que pasar tres años de trámite administrativo para que Enagás pueda empezar a inutilizar definitivamente los pozos, cerrados con unos sellos provisionales –con una caducidad de entre dos y cuatro años– desde abril de 2016.
La DIA prevé ahora que, mediante una unidad de operación -Jackup MODU-, se instalen 37 tapones en los trece pozos, 22 de los cuales utilizando la perforación mecánica. En quince casos se utilizará la técnica PWC, con detonaciones en el subsuelo marino. Enagás calculaba hace tres años el coste de todo en unos 70 millones de euros.
La DIA prevé el despliegue del proyecto en tres fases diferentes. El primero, la aproximación y posicionamiento de la plataforma de operaciones, que se anclará al fondo marino –con una lámina de agua de unos 60 metros en esa zona– junto con la misma plataforma Castor con tres patas metálicas autoelevables y cuatro anclas.
Segunda fase
En una segunda fase se ejecutará el sellado y abandono definitivo de los pozos, con la retirada de los tapones temporales, la limpieza del fluido «detectado en 2015 que impregna las paredes interiores de los pozos» para asegurar la adherencia del cemento.
Enagás, en ese momento, apuntó la existencia de restos de petróleo en los pozos de producción: algo del todo insólito, según expertos consultados, en el supuesto caso de unas instalaciones de las que no se habría llegado a extraer gas del almacén submarino.
Se trata de la fase más compleja y se ejecutará en cuatro etapas: cada una no empezará hasta que no haya terminado la anterior en cada pozo. Se dejará para el final el pozo de observación, garantizando la presión del yacimiento hasta que se haya aislado en todos los casos.
Se instalarán los tapones mecánicos, la cementación y se recuperarían las tuberías y revestimientos. La existencia de presiones sostenidas en los anulares -el espacio entre dos tuberías o entre tubería y pozo-.
Además de los 22 tapones colocados mediante perforación mecánica, se instalarán 15 con la técnica de PWC con detonaciones, que requerirá el uso de una cantidad neta de explosivos de 1.932 kilos -más de 9 toneladas de material explosivo yen total-. Se alargarán entre 6 y 14 días a unas profundidades entre 245 y 260 metros, en el caso de los más superficiales, y entre 1.030 y 1.930 metros, los más profundos.
En una tercera fase se restaurará el fondo marino y se efectuará la desmovilización, con la retirada de las tuberías que conecten las cabezas de los pozos con el fondo, comprobando su estado con un vehículo operado de forma remota, así como de los jefes de pozo instalados en la plataforma de pozos. Se desmovilizará la plataforma de operaciones, equipos y personal.
El principal de los riesgos previstos en el documento es el posible derrame de hidrocarburos, asociado a la rotura de un tanque de la Jackup MODU de operaciones; a un derrame de restos de crudo asociado a un ‘blowout’ de gas en superficie durante tres días, o el derrame mientras se abastece de combustible la estructura de operaciones.
Derrame y sismicidad
En este sentido, el parque natural del delta del Ebro ha alertado de que un derrame accidental de hidrocarburos podría llegar a la costa del espacio natural, de forma más rápida en las condiciones de primavera y verano, causando un daño «mucho» serio» en la costa del hemidelta sur.
Enagás insiste en que el riesgo ecológico por un fenómeno de este tipo es «bajo».
Sobre la posibilidad de que los trabajos generen sismicidad inducida por inyección de fluidos en el interior de los pozos se considera una posibilidad que podría tener lugar en una «situación accidental»: es decir, no se descarta que se genere sismicidad por los cambios de presión en el yacimiento como consecuencia de una inyección accidental de fluidos de limpieza de los pozos del yacimiento o de la generación de un blowout, un escape repentino e incontrolado de hidrocarburos. Tampoco se considera que las detonaciones generen un aumento del riesgo de sismicidad porque sólo se utilizan para perforar las tuberías sin afectar a estructuras cercanas.
Enagás asegura que ha previsto minimizar la inyección de fluidos en el yacimiento en caso de que se requiriera una limpieza previa para instalar los tapones del fondo, monitorizar continuamente la presión de los pozos, dotar a los pozos de equipamientos de control y establecer un protocolo de sismicidad de acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) con un sistema similar al de los semáforos, que «no evita que se produzcan eventos de sismicidad inducida, pero permite detectarlos de forma precoz y minimizar su impacto».
El protocolo establecido se activaría con un umbral de cambio de presión máximo de 0,5 bar, muy por debajo de los 6 bares que habrían desencadenado los seísmos durante las pruebas de inyección en el almacén en verano y otoño de 2013.
Monitorización
El sistema cubrirá un radio de 20 kilómetros en torno a Castor e incluye una red de diez sismógrafos, operados por el IGN, el Observatorio del Ebro y el Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya. La monitorización se alargará hasta un año después de que acaben los escaños.
Enagás, por otra parte, considera que el estudio elaborado por profesores del MIT ya caracteriza la naturaleza geológica de la zona frente a que no se ha solicitado ningún estudio concreto sobre el estado actual de las fallas de la zona .
La DIA considera que las operaciones descritas para el sellado definitivo no producirán emisiones de gases de efecto invernadero «significativas» ni impactos sobre el fondo marino, con una superficie afectada por las tres patas de la plataforma de unos 695 metros cuadrados: Enagás apunta que las corrientes acabarán «uniformizando» la superficie del fondo marino unos meses después de finalizar los trabajos.
En el caso del agua, se prevé un incremento «puntual» de la turbidez de la columna de agua con la retirada de las tuberías de conexión de la cabeza de pozo y el fondo marino pero «no espera contaminación química» con la resuspensión de los sedimentos.
Se ha recomendado al promotor minimizar «en la medida de lo posible» las descargas de fluidos agotados en el mar, optando por la opción de transporte y gestión en el suelo para evitar cambios inesperados sobre las masas de agua.
Los vuelos del helicóptero y las aves del Delta
Entre los posibles impactos sobre la avifauna, se ha tenido en cuenta potenciales impactos por la presencia de la unidad Jackup MODU, las emisiones luminosas, el ruido del helicóptero y el efecto derivado de una posible colisión.
El parque natural del delta del Ebro ha avisado que las rutas de desplazamiento de la nave -dos viajes diarios los siete días de la semana durante las obras entre Reus hasta la plataforma-, atravesando zonas sensibles del espacio natural por algunas especies podría afectar a las poblaciones de aves.
Enagás ha descartado poder interrumpir las actuaciones entre abril y octubre porque es un proceso «continuo» que una vez iniciado hay que acabar para evitar derrames e incertidumbres en el trabajo en los pozos pero se le pide reducir las molestias a la fauna «en la medida de lo posible «.
Sobre los efectos de las explosiones submarinas en las tuberías de los pozos serán limitadas en el tiempo, quince durante ocho días con efectos «moderados» que ya se habían previsto.
Sin embargo, el gobierno español le pide que se reduzca al máximo su posible impacto acústico, ante la inexistencia de bibliografía sobre la transmisión del ruido que puede causar.
