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Torredembarra: 10 años del caso que destapó la trama del 3%

La vía judicial del caso de corrupción que hizo saltar por los aires la política local sigue activa

25 junio 2024 21:46 | Actualizado a 26 junio 2024 07:00
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Blanqueo de capital, malversación de fondos públicos, soborno o tráfico de influencias. Son términos que hace diez años irrumpieron en la actualidad política de nuestro país. Y fue con un foco claro: Torredembarra. Todo ocurrió por sorpresa. Aquel 26 de junio de 2014, la Guardia Civil registró el Ayuntamiento durante 14 horas. Arrestó al entonces alcalde, Daniel Masagué, a seis concejales del gobierno de aquel momento y a un empresario local.

Allí empezó un periplo que derivó en un proceso judicial de altos vuelos que tuvo repercusiones a nivel de país: ni más ni menos que el caso 3%. Porque la caja de los truenos de la financiación irregular de CDC se abrió en Torredembarra antes de llegar a las más altas cúpulas convergentes.

Una vía judicial que arrancó en los juzgados de El Vendrell, pero que la Fiscalía Anticorrupción acabó llevando a la Audiencia Nacional, donde todavía quedan muchas piezas pendientes de juicio.

Una denuncia

El origen del caso se remonta a 2012, cuando la portavoz de ERC en el consistorio torrense, Montserrat Gasull, presentó una denuncia por irregularidades en la contratación de la consultora Efial, que llevaba a cabo trabajos contables para el consistorio. Un germen que destapó una red mucho más amplia de presuntos delitos de corrupción y que acabó salpicando a muchos otros municipios. La trama alcanzó la cúpula de Convergència y acabó derivando en su desaparición. Mientras, Gasull acabó abandonando el partido y murió de cáncer en 2017 cuando el proceso judicial seguía en marcha.

Un registro policial

El 26 de junio de 2014 amaneció como un jueves cualquiera en Torredembarra. Pronto la plaza del Castell se transformó para convertirse en el centro mediático del país. A primera hora de la mañana, varios agentes de la Guardia Civil irrumpían en el Ayuntamiento, desalojaban a todos los trabajadores y empezaban un registro que se alargó durante todo el día. Salieron con innumerable material y con el alcalde, Daniel Masagué, detenido entre los gritos de los vecinos que llenaban la plaza. Una jornada que acabó con el arresto de otros seis concejales del gobierno (de CiU y PP) y de un empresario local por un presunto delito contra la administración pública.

Un preso

El día siguiente, el foco mediático se trasladó a los juzgados de El Vendrell, donde tomaron declaración a los detenidos. El juez decretó prisión comunicada y sin fianza para Masagué y libertad con cargos para el resto de imputados.

Una renuncia

Los movimientos políticos que desató el encarcelamiento de Masagué fueron una vorágine. Distintos alcaldes accidentales asumieron y renunciaron al cargo mientras crecían las voces que pedían la dimisión de Masagué, que se resistió a renunciar durante dos semanas. Lo acabó haciendo desde la cárcel de Brians I, donde permaneció hasta el 14 de julio. Un mes después de la detención, el vodevil político acabó con un acuerdo de gobierno entre cinco partidos en el que se nombró alcalde al socialista Enrique Grangel.

Una detención clave

Un año después, en julio de 2015, Masagué volvía a ser detenido durante dos días por la Guardia Civil. En esta ocasión, también se detuvo al empresario Jordi Sumarroca, dueño de la constructora Teyco y uno de los fundadores de CDC. A partir de ahí, se empezó a tirar del hilo hasta desencadenar en el caso del 3%.

Nueve piezas separadas

El Caso Torredembarra se dividió en nueve piezas separadas. Más allá de la contratación de Efial, la presunta corrupción abarcaba otros asuntos municipales, como la adjudicación de varias obras, la concesión de chiringuitos, la convocatoria de oposiciones o el blanqueo de capitales.

Tres sentencias

La investigación judicial se alargó durante años y no fue hasta 2020, después de varios aplazamientos, que se empezó a juzgar a los acusados. A día de hoy se han juzgado cuatro de las piezas. En dos de ellas –por financiación ilegal de su campaña y por la contratación de la interventora–, Masagué alcanzó acuerdos de multa e inhabilitación y no llegó a juicio oral. Después, fue condenado a dos años de prisión –que se rebajaron a 4 meses y medio– por adjudicar a dedo los chiringuitos de playa.

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