«El Govern no facilitará proyectos como el macrocasino de Hard Rock y, por este motivo, eliminará la reducción de la fiscalidad del juego prevista en la Llei 6/2014». Este es uno de los puntos textuales que se incluyen dentro del acuerdo de investidura firmado por el PSC con los Comuns. Un freno al macroproyecto turístico de Vila-seca y Salou que podría ser la puntilla a una inversión que ya hace doce años que colea.
Eliminar la rebaja de la fiscalidad al juego también forma parte del acuerdo con ERC para investir a Illa como president. Reducir los impuestos a casinos del 55 % al 10 % había sido una de las condiciones de la primera promotora del proyecto, Veremonte, y uno de los grandes atractivos para que Hard Rock se decidiera a invertir en la Costa Daurada. Un cambio legislativo que se aprobó en 2014 y que el PSC se compromete a revertir en el primer año de legislatura si finalmente llega al poder.
Ahora, la eliminación de estos beneficios abre la puerta de salida a la multinacional norteamericana, que podría renunciar al proyecto seis años después de haber recibido la licencia para explotar un casino. Una posibilidad que ha puesto en alerta a muchos de los agentes económicos del territorio, que ven alejarse una inversión que se había planteado como estratégica para el Camp de Tarragona.
Xavier Guardià (FEHT): «No puede ser que se nos utilice de esta forma tan chapucera como moneda de cambio»
Especialmente molestos se muestran los empresarios turísticos. Xavier Guardià, portavoz de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT) expresa su incredulidad por este paso atrás y critica a los representante políticos que, dice, «están haciendo un papel ridículo ante todo el mundo y demuestran una gran falta de seriedad». «Tarragona tendría que dar un puñetazo en la mesa y decir basta. No puede ser que se nos utilice de esta forma tan chapucera como moneda de cambio», critica Guardià, que considera que «el territorio ha demostrado de forma muy clara que está a favor del proyecto».
El portavoz de los hosteleros señala que no hacer Hard Rock no implica desventajas directas a Tarragona como destino turístico, pero que sí conlleva perder la oportunidad, dice, de «recibir el empujón para trabajar los doce meses del año. Como en su día lo fue PortAventura para pasar de una temporada de tres o cuatro meses a los ocho o nueve de ahora». «La lástima es que, si no se hace Hard Rock, tardaremos décadas en atraer otro proyecto turístico de esta dimensión a nuestro territorio», añade.
Joan Llort (UGT): «Han jugado con los puestos de trabajo. Si consideran que este proyecto no vale, que propongan un plan B»
Otro de los principales argumentos de defensa del proyecto a lo largo de estos doce años ha sido la creación de puestos de trabajo, que se cifró en hasta 10.000 empleos directos. Joan Llort, secretario general de la UGT en Tarragona, lamenta que «jueguen con los puestos de trabajo y generen unas expectativas que después no cumplen» y exige al futuro Govern que presente un plan B para el territorio.
Así, el representante sindical reclama que «si consideran que este proyecto no es apto o que puede generar dificultades, eso no es excusa, que presenten una alternativa». «Puede ser en cualquier otro sector si no es el turismo, pero que ofrezca estabilidad laboral a un territorio que tiene una población creciente y más de 40.000 personas en paro» agrega.
Anna Recasens (Aturem Hard Rock): «No asumimos estos acuerdos como el final de nada. El proyecto sigue en pie y pedimos pararlo»
Mientras, quien sí celebra estas nuevas trabas al proyecto es la plataforma Aturem Hard Rock, aunque muestra sus reservas acerca de si realmente este es el punto final de Hard Rock. «Esta medida puede facilitar que se pare, porque reduce los incentivos a la empresa promotora, pero el proyecto no lo para. El proyecto sigue en pie y nosotros lo que pedimos es pararlo», señala la portavoz de la plataforma, Anna Recasens, que cree que este cambio en la fiscalidad «se tendría que haber hecho hace mucho tiempo si realmente hubiese voluntad política». «No asumimos estos acuerdos como el final de nada, porque todavía siguen muchas cosas en pie», dice.
Se refiere a la modificación del Plan Director Urbanístico (PDU), un documento que lleva más de dos años en tramitación a la espera de un informe que avale la construcción del macrocomplejo desde el punto de vista ambiental. Este había sido hasta ahora el principal escollo para que empezaran las obras de un proyecto que incluye dos hoteles, un casino, una gran avenida comercial al estilo de La Roca Village, espacios para entretenimiento y espectáculos en vivo de gran formato.
