Después de muchos meses de lucha, el Ayuntamiento de Roda de Berà ha conseguido desalojar esta mañana los quince pisos del edificio número 2 de la plaza Martorell. En la actuación han participado una decena de agentes de la Policía Local, dos patrullas de orden público de Mossos d’Esquadra (antidisturbios), y dos unidades más de seguridad ciudadana, apoyando en la ejecución del desalojo.
Este ha sido el primero desalojo okupa que efectúan con el nuevo Protocolo para desahucios y ocupaciones, puesto en marcha recientemente, el cual incorpora medidas de protección para mejorar la atención a las personas vulnerables.
El desalojo, que se ha desarrollado sin incidentes, fue autorizado por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Tarragona alegando motivos de seguridad y salubridad. La sentencia de ejecución fue notificada la pasada semana a los afectados, quienes desde hacía tiempos ocupaban de forma irregular este edificio, y vivían en una situación de insalubridad y poniendo en peligro el vecindario próximo debido a las conexiones ilegales.
Durante mucho de tiempo han estado continúas las incidencias que se han producido en el edificio, provocando problemas de inseguridad en la zona norte del casco urbano. Las conexiones irregulares en la red eléctrica habían causado muchos y diferentes cortes de luz en el barrio por sobrecarga y exceso de consumo, y los vecinos y vecinas han sufrido problemas de salubridad y altercados.
Recogidas las quejas vecinales, los técnicos municipales realizaron una inspección a finales del pasado mas de julio, constatando que el edificio no cumplía las condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad requeridas por la normativa vigente. Todas las viviendas, a los cuales también los faltaba la cédula de habitabilidad, fueron declarados inhabitables y el 17 de agosto se ordenó por resolución de alcaldía el desalojo de las viviendas, con un plazo de tres días para dar cumplimiento. Transcurridos estos días los ocupantes no dejaron el edificio, hecho por el cual se resolvió una ejecución forzosa del desalojo, autorizada por el juez el 19 de octubre.
Una vez desalojada, el edificio ha quedado totalmente asegurado y cercado, para evitar que nadie pueda acceder, y para que no acontezca un peligro para los vecinos y vecinas de las viviendas contiguas. La empresa suministradora de luz ha cortado el suministro y una empresa colaboradora se ha encargado de cortar el agua.
Tampoco existe ninguna posibilidad que nadie se pueda conectar de forma irregular al suministro de gas. También se han contratado los servicios externos de limpieza y de cerrajería. Todos los gastos derivados serán reclamadas a las propiedades, dos particulares y un fondo buitre, el cual es propietario de trece de los quince pisos.
Durante esta semana, desde el Consell Comarcal del Tarragonès se han reforzado con dos técnicos más los Servicios Sociales de Roda de Berà, para dar respuesta a las necesidades que pudieran surgir a consecuencia de la desocupación, a pesar de que de las quince viviendas solo dos familias son usuarias de Servicios Sociales.
