La sanción administrativa que se impuso al conserje el Ayuntamiento de Cambrils acusado en 2021 por un presunto caso de acoso sexual a una trabajadora de esta administración, ya se ha cumplido. La penalización se impuso el pasado noviembre por un plazo de 13 meses, con lo que en diciembre el empleado debería reincorporarse a su puesto de trabajo.
Fuentes del consistorio cambrilense aseguran que «esto no será así», puesto que «ha habido varias negociaciones y se ha llegado a un acuerdo. Este trabajador no volverá a tener ningún tipo de relación laboral con el Ayuntamiento». En este sentido, el concejal de Recursos Humanos, Alfredo Clúa, puntualiza que «existe una suspensión de contrato motivada por una sanción administrativa y nuestra intención es buscar una solución que favorezca a todos los afectados».
Por su parte, el sindicato UGT considera que no se ha actuado de forma lo suficientemente contundente ante un caso en que el acusado, recuerda, es reincidente. Así, la presidenta del comité de empresa del Ayuntamiento de Cambrils y delegada de prevención de riesgos, Gemma Balenyà, mencionó la sentencia condenatoria de 2015 en la que hay un menor implicado, sobre la que el acusado presentó recurso y que todavía hoy está pendiente de resolución. Además, añadió, «existe otra sentencia contra esta misma persona con fecha de 2013».
Ante todos estos precedentes, UGT denuncia falta de mano dura por parte del Consistorio. El secretario general de servicios públicos del sindicato, Enrique Martín asegura que «las administraciones públicas deben dar ejemplo ante un tema de tal envergadura como el de un acoso sexual, y la pasividad no es el camino. Por nuestra parte hay tolerancia cero». «El Ayuntamiento debería ser firme e ir más allá de una sanción administrativa», sentenció. En cuanto a posibles penas, Martín apuntó a «medidas paliativas que podrían mitigar la situación hasta aclarar los hechos en última instancia».
En cuanto al caso que nos ocupa, el acoso comenzó a producirse presuntamente en 2018 en la Torre del Llimó, último puesto de trabajo del conserje, pero no fue hasta 2020 que llegó a oídos de la UGT, momento a partir del cual se activó el protocolo de acoso sexual en el Ayuntamiento. En noviembre de 2021 se resolvió el expediente disciplinario de suspensión de empleo y sueldo por un plazo de 13 meses que, como se ha apuntado anteriormente, finaliza ahora. Balenyà añadió que «en mayo se activó la vía penal».
Finalmente, el sindicato alertó estar pendiente de otros dos casos de acoso sexual en ayuntamientos de otros municipios de costa, aunque declinaron dar más datos al respecto.