El Ayuntamiento de Altafulla atenderá la demanda de reunirse con el grupo de vecinos que denuncian sentirse perjudicados por la reducción de la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), una reunión que se prevé se celebre antes que finalice el año, según fuentes municipales.
En el pleno de noviembre, se aprobó la reducción de las bonificaciones en el IBI por la instalación de placas solares en el municipio. La ordenanza fiscal establecida el 2022 implica una bonificación del 50% para aquellos ciudadanos que opten por instalar paneles fotovoltaicos en sus domicilios, hasta un máximo de 1.000 euros anuales, por un período de cinco años. Con la modificación aprobada, esta deducción se reduce a tan solo 300 euros.
La disposición se calcula que afecta a unas 250 familias, algunas de las cuales, por haber concluido recientemente la instalación de placas, «no habrán podido acceder a ninguna bonificación, lo mismo que otros, tras haber firmado un contrato de compra de las placas y estar pendientes de la obtención de los permisos necesarios. Quienes las tenemos instaladas, ya veremos reducida la bonificación el año que viene», señala Pedro Maroto, uno de los vecinos afectados.
Este ciudadano de Altafulla indica que «de saber esto, muchos propietarios habrían desistido, tras echar cuentas y ver que económicamente era inviable realizar la inversión». En opinión de este vecino, «lo propio sería que el Ayuntamiento estableciera una moratoria, como mínimo de seis meses, para que quienes han iniciado trámites para la instalación de placas solares puedan acogerse a las bonificaciones actuales». Maroto añade que, con esta medida el Ayuntamiento pretende ahorrar unos 71.000 euros anuales, a costa de quienes tomaron una decisión «promovida por el propio consistorio».
Por este motivo, un grupo de vecinos ya habría presentado alegaciones en el registro municipal y expresado el propósito de «hacerse escuchar» en la próxima sesión plenaria. Protesta que contaría con los apoyos del grupo municipal en la oposición, Alternativa Altafulla, que ya votó en contra del acuerdo.
Jordi Molinera, coalcalde del Ayuntamiento de Altafulla, ha recordado que las ordenanzas municipales se aprueban cada año y que «están sujetas a cambios, en función de factores como normativas superiores o por la situación económica de la administración». En este caso, el mandatario municipal apunta a la necesidad de reducir dispendios del consistorio, proceder a la reestructuración fiscal para el saneamiento de las finanzas municipales y asegura que «las bonificaciones podrían haberse mantenido, como estaban, en caso de que se hubiera aprobado el aumento del impuesto del IBI en un 5%», lo que habría supuesto «el aumento de unos 50 euros por recibo».
Por otro lado, Molinera cree que tal vez la bonificación no cumple el objetivo de fomentar las instalaciones de eficiencia energética de forma generalizada. Argumenta, que de las 250 instalaciones que hay registradas en el consistorio, «solo una veintena corresponden a hogares con un IBI medio, mientras que la mayoría son de viviendas con un IBI más elevado, como las hay con 1.500 m2 de jardín». También arguye que la instalación de placas solares ya cuenta con ayudas europeas y otras de la Generalitat de Catalunya.
