El Ayuntamiento de Vila-seca no puede culminar el derribo de las casas de Lago Romano, en La Pineda, porque una de ellas se encuentra ocupada de forma ilegal. Se trata de una de las últimas casas que quedaban en pie y que ya había adquirido el consistorio. El objetivo es eliminar definitivamente esta zona residencial ilegal que se encuentra junto a la Séquia Major, al final de la calle Montserrat Caballé, y dar paso a una nueva zona verde.
Desde el gobierno municipal aseguran que la familia que entró a vivir hace un año a la casa está «extorsionando» al Ayuntamiento para que les pague por irse y que no han querido recibir ayuda por parte de Servicios Sociales. Ante esta situación, en el último pleno municipal se aprobó un requerimiento para que los ocupantes abandonen el inmueble de forma voluntaria en el plazo de diez días. En caso contrario, se iniciarán los trámites para ejecutar un desahucio forzoso.
«Los ocupantes han mostrado una postura de extorsión, intentando presionar al Ayuntamiento para obtener beneficios a través de esta ocupación ilegal. Este comportamiento no lo podemos permitir y tampoco la privación de este espacio que debe ser para el uso y disfrute de toda la ciudadanía», defendió la concejala de Innovación y Servicios al Territorio, Cristina Cid. «Este es un espacio de dominio público y de interés natural», argumentó.
El Ayuntamiento había tapiado la casa tras cerrar la compra, pero la familia en cuestión, con dos hijos menores, entró aprovechando unas demoliciones que se hicieron en el interior. Según explicó en el pleno el alcalde, Pere Segura, en el intervalo entre que se ejecutaron esas obras y que el consistorio buscaba empresa para derribar la construcción, se produjo la ocupación.
En este sentido, el edil aseguró que la vivienda se encuentra «en estado ruinoso», pero que la familia «no tiene ningún interés» en recibir ayuda por parte de los servicios sociales municipales: «No es un caso de vulnerabilidad». «Hay una toma de pelo hacia la administración», afirmó ante las dudas expresadas por los portavoces de la oposición.
Un proceso de 30 años
Las viviendas de Lago Romano se construyeron previamente a la aprobación del planeamiento urbanístico. De hecho, se encuentran en una zona inundable y es la única área residencial de la ciudad que no dispone de calles asfaltadas ni aceras. El Plan General de Vila-seca califica estos terrenos como «zona verde de protección de la Séquia» desde 1993.
A partir de entonces, el consistorio ha ido adquiriendo y derribando las construcciones de manera paulatina. En cada caso, lo hizo de mutuo acuerdo con los propietarios, hasta que el año pasado se compraron las dos últimas, que tenían usos de segunda residencia. Aunque inicialmente se iniciaron los trámites para una expropiación forzosa, finalmente se llegó a un acuerdo amistoso con los propietarios, según detallan desde el Ayuntamiento. A finales de 2024 se derribó la última casa y actualmente quedan únicamente dos en pie, a la espera de que se resuelva esta ocupación ilegal.