La Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha multado con 900 euros al Ayuntamiento de Calafell por carecer de un plan de emergencia contra la sequía que exige la Generalitat.
Las exigencias del Govern son que los municipios redacten ese plan para hacer frente a casos de emergencia y que no superen las dotaciones de agua para cada situación (de 250 litros por persona y día en caso de alerta y de 230 en excepcionalidad).
El Ayuntamiento de Calafell asegura que tiene el documento y estaba tramitándolo mientras discutía con el ACA por una superación de los límites mensuales de consumo en el suministro que recibe del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT).
Dos meses
El ACA señala que Calafell supera los límites de enero y febrero. Pero el Ayuntamiento defiende que no ha rebasado los anuales que son de 1,2 millones de m3 del minitrasvase del Ebre que reservó hace años.
El consistorio señala que la previsión se hizo hace tres décadas cuando en Calafell durante todo el año residían de forma permanente 12.000 personas y que ahora son 45.000. En cambio en los meses de verano no se supera la dotación de agua. Pero no pueden compensarse esas diferencias.
Esa superación se ha mantenido en los últimos cinco años y se espera que se incremente por el aumento de población. El Ayuntamiento intenta llegar aun acuerdo con la ACA ya que no está dispuesto restringir el suministro. En medio de esa discusión ha retrasado la redacción del obligatorio plan antisequía. El concejal de Ecología Urbana, Aron Marcos, asegura que ya está elaborado.
Las fases
El plan contempla medidas que deben aplicarse en cada fase (prealerta, alerta, excepcionalidad y emergencia). Desde el cierre de duchas de playa o fuentes al riego de jardines y en el caso más extremo cortes de agua temporales en los domicilios.
La situación de sequía preocupa porque no se espera las abundantes lluvias necesarias.
Como en muchas localidades, las pérdidas en la red son la sangría de agua que en Calafell serían del 48% (puede calcularse entre la que entra en los depósitos y la que se venden). Esa diferencia está entre fugas y los empalmes ilegales.
Para reducir las fugas en la red y en los depósitos ya se ha iniciado una renovación de canalizaciones. Con la reforma de calles se aprovecha para substituir esas tuberías que presentan pérdidas.
64 municipios con más de 20.000 habitantes están obligados a presentar planes de emergencia. Los más pequeños pueden hacerlo voluntariamente.
Pese a la situación el Govern autoriza el llenado de piscinas públicas y comunitarias.
Entre las medidas de urgencia de la Generalitat está la reactivación de una planta desalinizadora entre Cunit y Cubelles.