Nunca 200 euros de una multa (100 al pagarse en efectivo al momento) por un estacionamiento irregular en Salou han tenido tanto recorrido en los tribunales.
Hace escasos días, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona desestimaba el recurso de apelación de dos agentes de policía (que en 2016 estaban trabajando en la Policía Local de Salou) acusados de un presunto delito de malversación al ser sospechosos de quedarse con el importe de una multa de estacionamiento emitida el 31 octubre de 2016.
Los magistrados de la Sección cuarta exponen en el auto firmado el pasado 22 de enero que «examinadas las diligencias de investigación practicadas, entendemos que existen suficientes indicios de criminalidad en la actuación de los investigados para que el procedimiento continúe adelante».
El caso y las sospechas
La investigación de la presunta corrupción de los agentes se remonta a siete años atrás. Los dos agentes fueron investigados en 2017 por los Mossos d’Esquadra a raíz de la «desaparición» del importe de una multa de aparcamiento del 31 de octubre de 2016. La investigación que llevó a cabo Mossos terminó en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona. Y el magistrado decretó el 13 de marzo de 2020 el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.
El auto judicial fue recurrido por el Ayuntamiento de Salou (mediante recurso de reposición), por desacuerdo con la decisión. El mismo Juzgado, tras estudiarlo, reconsideró la decisión de marzo y revocó el auto de sobreseimiento provisional. Ello implicó que la investigación se reanudara (diligencias previas de un caso) para decidir si se abre juicio por malversación de caudal público o bien se archiva definitivamente.
Con la reapertura de la investigación por el Juzgado de Instrucción, fueron los dos policías quienes presentaron un recurso de apelación a la Audiencia Provincial en octubre de 2020 y la desestimación del mismo se ha conocido hace pocos días.
Ahora, el caso sigue activo y en caso de llegar a juicio, éste se celebraría con jurado popular, puesto que según la Ley Orgánica 5/1995 «el jurado popular es competente para el conocimiento y fallo de las causas del delito de malversación de caudales públicos (entre otros)».
Los antecedentes
El origen de la investigación de los dos agentes, que trabajaban en 2016 en la Policía Local de Salou, fue una multa por un estacionamiento irregular del 31 de octubre de 2016. Mientras los agentes rellenaban el talonario, llegó el conductor y un acompañante y pagaron en metálico la sanción, cuyo importe subía a 200 euros.
El pago inmediato reducía la sanción a la mitad. Los agentes cogieron el dinero (los 100 euros) y el conductor infractor el resguardo de la multa. El coche era de alquiler, puesto que el conductor estaba de paso en Salou.
La tramitación de la sanción tuvo irregularidades, puesto que los 100 euros cobrados en mano no llegaron nunca a las arcas de la Tesorería del Ayuntamiento de Salou y tampoco quedaron acreditados en el departamento de BASE de la Diputació de Tarragona, organismo que se encarga del cobro de las multas y reclamar aquellas que no han sido abonadas.
La ausencia de estos 100 euros motivó que BASE reclamara al conductor el importe de la sanción del 31 de octubre mediante una publicación en el BOE. El conductor quedó sorprendido por la notificación cuando en su poder tenía el resguardo del pago en metálico de dicha multa.
Por esta razón se dirigió a la Policía Nacional de su ciudad (Palma de Mallorca) para denunciar el caso y este cuerpo solicitó a Mossos d’Esquadra, competentes en la materia en Catalunya, que investigaran si había algo irregular en la desaparición del dinero.
En el caso que se investigó faltaba el dinero supuestamente pagado en metálico y también el talonario de denuncias terminado (éste debe entregarse en comisaría -y guardarlo- para recibir otro de nuevo).
Ni en el primer y segundo caso (ausencia del dinero y del talonario terminado con sus correspondientes resguardos de expedientes sancionadores impuestos) hay hechos probados de que los dos agentes actuaron de forma irregular y siendo responsables de la apropiación del dinero.
La ausencia de pruebas incriminatorias han impedido por el momento asegurar que los dos policías se quedaron con los 100 euros, hecho que negaron durante su declaración en el juicio celebrado en 2020.