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La Generalitat filtró la alerta de la CIA el 17A para perjudicar a la Moncloa, según el exdirector de ‘El Periódico’

Enric Hernández ha reiterado que fuentes del Govern revelaron a su periódico la existencia de esta alerta mucho antes del 17A, pero decidieron no publicarla entonces para evitar «alarma social»

18 marzo 2025 14:48 | Actualizado a 18 marzo 2025 14:58
Se lee en 2 minutos
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El director de El Periódico de Catalunya durante los atentados en agosto de 2017, Enric Hernández, ha apuntado este martes en el Congreso que el Govern filtró a su diario la existencia del aviso de la CIA en mayo de ese año sobre un posible ataque yihadista en Catalunya con el objetivo de dañar al Gobierno central y «airear» una supuesta deslealtad en materia antiterrorista.

Hernández, que ha comparecido en la comisión de investigación del Congreso sobre los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils, ha reiterado, tal y como ya manifestó en el Parlament en julio de 2019, que fuentes del Govern revelaron a su periódico la existencia de esta alerta mucho antes del 17A, pero decidieron no publicarla entonces para evitar «alarma social».

En su opinión, y dado que el contexto situaba a la Generalitat a pocos meses de la celebración del referéndum ilegal del 1-O, la motivación para dar a conocer esta información era «tratar de atribuir al Gobierno central una deslealtad en materia terrorista» por no haber informado de ese supuesto aviso a Catalunya.

«Obviamente las alertas no afloran a la opinión publica, si esta afloró fue porque en ese momento la Generalitat quiso hacerla pública con un espíritu bastante medido, que era trasladar que esta información había llegado a los Mossos y que el Estado no les había comunicado nada», ha asegurado.

El Periódico de Catalunya publicó horas después de los atentados la información sobre esa alerta de la inteligencia norteamericana a los Mossos remitida en mayo, aunque la noticia fue desmentida por altos cargos de la Generalitat al considerar, ha dicho, que la exclusiva «empañaba» la imagen de la policía catalana.

Hernández ha dejado claro que «en ningún momento» esa información cuestionaba la actuación de Mossos en la prevención del atentado y que, ante el desmentido público, verificaron su noticia y lograron publicar el 31 de agosto la comunicación de la CIA, momento en que también averiguan que ese aviso también había sido remitido el mismo día a otros cuerpos policiales.

«La nota existió y hablaba de Las Ramblas pero saber si existió causa efecto de esa nota y el atentado es algo imposible de saber», ha opinado el exdirectivo del medio catalán quien ha explicado que posteriormente supieron que este tipo de avisos proviene de interceptaciones a las comunicaciones del Estado Islámico.

En este caso, y tal y como han asegurado distintos comparecientes, no se dio credibilidad a esa alerta e incluso cuestionaron que fuera obra de la inteligencia norteamericana.

Durante la sesión de este martes de la comisión de investigación también ha comparecido la directora general de la oficina de atención a las víctimas del Ministerio del Interior, Montserrat Torija.

Ante las críticas manifestadas pro las victimas y que han sido rememoradas por los portavoces de Junts, ERC y Sumar, Torija ha señalado que de las 233 víctimas del 17A reconocidas en sentencia firme, 170 han solicitado el abono de indemnizaciones, en tanto que 144 ya fueron reconocidas en la vía administrativa antes de la resolución judicial.

Ha aclarado, no obstante, que las víctimas tienen un año de plazo para solicitar indemnizaciones desde que tienen conocimiento de la sentencia y que, además, la administración les ha remitido cartas para recordarles su derecho a asistencia y ayudas.

Preguntada por el diputado de ERC, Francesc-Marc Álvaro, sobre la posibilidad de revisar la ley de reconocimiento de víctimas de 2011 para mejorar los mecanismos de atención, la directora de la oficina desde 2020 ha apuntado que, si bien no corresponde a sus competencias, sí le parece importante reforzar los mecanismos de acreditación de posibles víctimas pro parte de los primeros actuantes en un atentado.

Torija ha detallado que esta relación de personas afectadas en un atentado resulta «determinante» para que en vía administrativa una víctima reciba atención y, por este motivo, el ministerio ha impulsado cursos de formación a los cuerpos policiales.

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