La Generalitat renovó su compromiso con el proyecto de Hard Rock el 27 de febrero, el mismo día que cerró el acuerdo de presupuestos con el PSC. Según ha avanzado La Directa, aquel día el ejecutivo hizo un Acuerdo de Gobierno que consta de dos puntos.
En el primero se anula el Acuerdo de Gobierno del 15 de diciembre del 2020 por el cual se ordenaba al Incasòl la adquisición de los terrenos donde se tiene que ubicar el complejo por 120 MEUR a Criteria Caixa para, después, venderlos por el mismo precio en BCN IR 3 SAU, la empresa promotora de Hard Rock.
Recuerda la entrevista a Jessica Albiach al Diari hablando sobre Hard Rock.
En el segundo, se mantiene el encargo al Incasòl «para que formalice con las partes los acuerdos privados y públicos que correspondan para adquirir y con posterioridad alienar» los terrenos.
Este Acuerdo de Gobierno no se mencionó en la rueda de prensa posterior ni se facilitó a los medios de comunicación, como se hace habitualmente. Únicamente se colgó en el portal de datos abiertos de la Generalitat. El documento lo firmó el secretario del Govern, Xavier Bernadí, a las 15.31 horas, pocos minutos antes de que el ejecutivo anunciara un pacto para los presupuestos de 2024 con el PSC. Las cuentas finalmente no se aprobaron en el Parlament y esto acabó desencadenando la convocatoria electoral del 12-M.
En detalle, el acuerdo del 15 de diciembre del 2020 anulado preveía la adquisición a Mediterranea Beach & Golf Community, S.A. -de la cual Criteria Caixa es socio único- de los terrenos de 952.000m2 incluidos en el Centro Recreativo y Turístico (CRT) de Vila-seca i Salou por un importe de 120 millones de euros «en el plazo máximo de dos meses a contar desde la publicación de la aprobación definitiva del Plan Director -Urbanístico- en cumplimiento de la sentencia» del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que anulaba el primero PDU. Posteriormente, se preveía la venta «mediante adjudicación directa» de los terrenos en BCN IR 3 SAU, también por 120 MEUR.
Así, el 27 de febrero de este año, además de dejar sin efecto el acuerdo del 2020 también mantiene el encargo en el Institut Català del Sòl «para que formalice con las partes los acuerdos privados y públicos que correspondan» para comprar y vender «en unidad de acto y por el mismo precio, por adjudicación directa, los terrenos». Eso sí, a diferencia de 2020, en esta ocasión no se fija un precio por la parcela ni fija ningún plazo para llevar a cabo la operación inmobiliaria.
Cartas con La Caixa
También han salido a la luz dos cartas que se intercambiaron el diciembre del 2020 el entonces director del Incasòl, Albert Civit, y Marcelino Armenter, consejero delegado de Criteria Caixa. La primera misiva la escribe Civit, firmada el 14 de diciembre -el día antes del Acuerdo de Gobierno-, en la cual informa la entidad financiera de la sentencia del TSJC y que, por lo tanto, hay que hacer un nuevo PDU. Y finaliza: «por este motivo, os solicitamos que nos garantizáis el compromiso de venta de los terrenos» hasta «la publicación definitiva de la modificación» urbanística «a los efectos de mantener la plena disponibilidad de los referidos terrenos».
Unos días después, el 18 de diciembre, Armenter responde. En este caso, la entidad no atiende la petición de la Incasòl y no garantiza la disponibilidad de los terrenos. «Nuestra disposición -que no compromiso- a vender al Incasòl los terrenos ha estado incondicional y duradera», pero siempre «totalmente desatada de cualquier compromiso o proyecto de la Generalitat. Armenter añade: «sin haber recibido ni habernos ofrecido ninguna contraprestación, no es de esperar la posibilidad de garantizarlos otra cosa que mantener la disposición de vender la propiedad de los terrenos». Es decir, Criteria Caixa no se cierra la puerta a vender la finca a otro posible interesado, incluso pasando por ante el ejecutivo.
