Despejar dudas sobre algunos de los grandes proyectos pendientes en la Costa Daurada. Ese será uno de los primeros mandatos para el nuevo Govern de la Generalitat liderado por Salvador Illa. Comenzando por Hard Rock, un elemento que fue crucial para el precipitado final del anterior gobierno y que lo ha sido para la negociación del nuevo. Una inversión largamente reivindicada por los principales agentes económicos y sociales del territorio que se encuentra más en el aire que nunca. Y continuando por la primera fase del tranvía del Camp de Tarragona, que debe coser el antiguo espacio de la línea ferroviaria desde Cambrils hasta Salou y enlazar con Vila-seca.
Respecto a la primera de las grandes incógnitas, la supresión de las ventajas fiscales acordada con ERC y los Comuns durante las negociaciones para la investidura echa un poco más de tierra sobre un proyecto que podría quedar definitivamente enterrado este mandato. Ese es el objetivo que persiguen con este trato republicanos y Comuns, después de doce años de vaivenes y tramitaciones que continúan en punto muerto.
El nuevo president se ha comprometido a revertir la rebaja de impuestos al juego –del 10% al 55%– en su primer año de legislatura. Cierto es que Illa ya había pactado en la negociación de los dos últimos presupuestos con los republicanos aprobar definitivamente el Plan Director Urbanístico (PDU) para desbloquear la construcción de Hard Rock. Un compromiso que jamás se llegó a cumplir, pues el PDU continúa pendiente del informe de Acció Climàtica que avale el proyecto.
Sin fiscalidad especial
Ahora, con unas nuevas reglas del juego, el Govern deja en el tejado de la multinacional norteamericana la decisión de seguir adelante o no con su inversión. Cabe recordar que ni siquiera ha comprado los terrenos. Hacía diez años que se había modificado la tributación de los casinos para atraer esta inversión a Vila-seca y Salou, lo que era uno de los principales atractivos para la llegada del macromplejo de turismo y ocio a la Costa Daurada.
Otro proyecto de territorio, en este caso en materia de movilidad, que tampoco acaba de conseguir pleno consenso es el del TramCamp. La Generalitat está a punto de culminar el proyecto constructivo de la primera fase (Cambrils-Vila-seca) y su intención era poder arrancar los trabajos el año que viene para que entre en servicio a finales de 2026. Unos tiempos que ahora mismo se presumen inalcanzables teniendo en cuenta la oposición que ha demostrado Salou en los últimos meses.
Un factor determinante para convencer a Salou y facilitar el despliegue del tranvía podría ser la urbanización del Eix Cívic. Desde que dejaron de pasar los trenes, en 2020, el Ayuntamiento ha solicitado de forma reiterada a la Generalitat que se haga cargo de la construcción de este gran bulevard que debe convertirse en una nueva columna vertebral para la ciudad. El alcalde de Salou lo considera condición sine qua non para que pase el tranvía. Reclama unos 10 millones de euros, amparado precisamente en un acuerdo de inversiones que se firmó con la modificación de la Ley del CRT en 2013, la misma que cambió la fiscalidad de los casinos.
Otra inversión contemplada en aquel compromiso era la canalización del barranco de Barenys, todavía pendiente de finalizar. Las obras empezaron en 2022, han acabado la primera fase, pero todavía falta por ejecutar el nuevo canal a cielo abierto y culminar la salida del barranco al mar.
En Salou, hace años que esperan también que la Generalitat apruebe el nuevo plan director que defina la transformación del edificio del Port Esportiu, cuya concesión lleva prorrogada desde 2018.
Vías ciclables
Otra cuestión de movilidad que hace tiempo que colea en la Costa Daurada central es la red de vías ciclables interurbanas que proyecta la Generalitat para conectar en bicicleta las principales ciudades del Camp entre sí. Cambrils, Salou y Vila-seca esperan el despliegue de los carriles que les enlacen con Reus, así como la mejora e interconexión de algunos caminos rurales para circular en bicicleta.
Pero los deberes de Illa en las localidades de la costa no acaban ahí. En esta legislatura deberán ver la luz inversiones cruciales en materia de salud, como el nuevo CAP de Torredembarra; educación, con el inminente traslado al nuevo Institut de Roda de Berà o las ampliaciones del Institut Escola Joan Ardèvol y el Institut Mar de la Frau de Cambrils; o vivienda, con la anunciada adquisición de un centenar de pisos en Salou y Vila-seca para destinarlos a programas de alquiler social.
Para Nuria Parlón, la nueva consellera de Interior, las peticiones se centran en ampliar la dotación humana y material de los Mossos, una cuestión largamente reivindicada en las localidades de la costa.
Al nuevo Govern le tocará también resolver el conflicto territorial entre Altafulla y Tarragona y decidir sobre la posible anexión de las 70 hectáreas de la zona del Vinyet que reclama el consistorio altafullense. Ambos ayuntamientos ya han aportado sus argumentos y es la Generalitat la que debe dirimir si la petición prospera.
El desembarco de Lotte en Mont-roig y los Fons de Transició Nuclear
El anuncio de la construcción de la fábrica de componentes de baterías para coches en Mont-roig del Camp fue uno de los grandes goles del anterior Govern. Darle forma a la mayor inversión industrial de los últimos 20 años en Catalunya será el reto para el nuevo conseller de Empresa, Miquel Sàmper. La multinacional coreana Lotte está pendiente de que se apruebe la modificación del POUM de Mont-roig para empezar a construir su primera planta este mismo año, con una inversión inicial de 400 millones, casi 50 de ellos procedentes de los Next Generation.
La transformación industrial del territorio es una de las metas de los Fons de Transició Nuclear, que deberá gestionar en los próximos años la conselleria de Sàmper. El objetivo, buscar un equilibrio territorial y un retorno en el desarrollo socioeconómico de la zona de influencia de las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs para reducir el impacto de su cierre a partir de 2030.
