La sociedad Turispatrimonial SL es propietaria del chalet Villa Enriqueta, ubicado en el número 3 del paseo Jaume I de Salou. Hace 20 días, el bufete de abogados que la representa envió al Ayuntamiento una reclamación patrimonial de 6,7 millones de euros a raíz de una sentencia en firme del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que impide a esta casa en primera línea de mar ser el restaurante para 300 comensales que pretendía.
Hace un año –el 23 de marzo de 2016– la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC dictó una sentencia demoledora: anuló la licencia provisional y definitiva de la actividad y la de primera ocupación. El motivo: las numerosas irregularidades arquitectónicas que no se ajustaban con el POUM de la ciudad y concretamente a esta mansión, protegida como bien cultural.
La decisión, que llevaba años en litigio, provocó el fin definitivo de la actividad de restauración. Entre 2008 y finales de 2015 se abrió bajo la marca comercial de Villa Alexander y fue un referente de la gastronomía para el turismo extranjero que aterrizaba en la ciudad. Luego cerró y la sociedad entró en negociaciones con la cadena de cocina italiana La Piamontesa para coger el relevo.
El ocaso
La sentencia –firme y sin posibilidad de recurrir– canceló el contrato entre la propiedad y la firma italiana y dejó el chalet vacío. Las notocias fueron diluyéndose hasta que hace unos días entraba en el Ayuntamiento esta reclamación patrimonial.
Fue el concejal del PP, Mario García, quien lanzó la bomba en el turno de ruegos y preguntas. Explicó que tenía conocimiento de que había entrado en el consistorio la citada reclamación y que la petición económica era astronómica: 6,7 millones sin IVA. Mario García dijó al concejal de Hacienda, Toni Brull, que había explicado poco antes cómo gestionar los 5,6 millones de superávit, que «guardara un rinconcito» por si debían pagar.
El alcalde Pere Granados quiso desdramatizar la situación. No entró a la greña con el concejal popular pero quiso recalcar que la concesión de la licencia no es un tema político sino técnico y que «si un político se niega puede incurrir en prevaricación», explicó. Nadie duda, pero, de que hay un informe erróneo desde la ‘casa’ que ha motivado la anulación de todas las licencias concedidas hasta la fecha. Sin embargo, el alcalde considera que allí puede haber actividad y que si se ajusta a la normativa del POUM puede seguir habiendo un restaurante en primera línea de mar, en el paseo Jaume I.
El desglose de las cifras
El Diari intentó hablar con Turispatrimonial, que de momento ha declinado hacer declaraciones. Sólo ha querido precisar las cifras para dejar claro cuál es la postura.
La primera parte de la indemnización se cifra en 5.096.859, 80 euros en concepto de inversión realizada en el chalet salouense. La cifra incluye el IVA y se justifica porque las obras estaban dimensionadas para un aforo de 300 comensales y no de 86, como ahora obliga la sentencia.
A este dinero se le añade una cantidad de 742.307,25 euros (sin IVA) por el coste de dejar el Villa Enriqueta tal y como determina la sentencia del TSJC. Y finalmente, la sociedad calcula en 900.000 euros el coste de oportunidad y en 21.780 los gastos de abogados para los recursos.
La suma total asciende a 6,76 millones de euros que añadiendo el IVA de una partida superará los siete millones.
