El juzgado contencioso de Tarragona ha declarado nulos una veintena de decretos de alcaldía del Ayuntamiento de El Vendrell por irregularidades en contrataciones de 2016.
El grupo de Primàries, en la oposición municipal, considera que esas «irregularidades» se han matenido en los años 2017 y 2018. El concejal de Primàries, Josep Maria Llasat, añade que también en el último pleno municipal «se dio cuenta de 9 decretos en los que nuevamenete «el interventor hace un informe de omisión de fiscalización en todos ellos».
Según Llasat sólo «el importe de las facturas pagadas irregularmente según los decretos de 2019 asciende a 2,4 millones».
Fraccionar
Según los decretos las irregularidades son por pagar facturas a empresas cuyo contrato de servicios había finalizado y no se había renovado, pero seguían trabajando para el consistorio.
También por no existir dotación presupuestaria para atender las facturas u «omitir completamente por parte del Ayuntamiento los procedimientos establecidos en la Ley de contratos de las adminisraciones públicas. También destaca «haber cometido infracciones de las normas en materia de procedimientos de contratación como la fragmentación de facturas de un mismo trabajo».
Desde el equipo de gobierno (PSC con apoyo de Ciudadanos y Agruapció Veïnal de Platges) se ha evitado hacer declaraciones y responder a la denuncia de Primàries.
Aviso del interventor
Llasat señala que el interventor municipal, encargado de supervisar los gastos del Ayuntamiento, adviertió de la situación. En el caso de detectar que se han omitido trámites para el procedimiento de contratación debe comunicarlo a la Sindicatura de Comptes y a la Delegación del Gobierno del Estado. De hecho fue la Delegación quien puso el contencioso contra los 22 decretos de 2016.
El representante de Primàries en el Ayuntamiento destaca que «esa falta de control» puede afectar a las arcas públicas. Señala que «permitir que empresas que tienen el contrato caducado sigan trabajando para el Ayuntamiento impide revisar las condiciones o convocar un concurso para velar por los intereses del municipio».
Añade que cuando se firma un contrato la empresa adjudicataria suele incorporar maquinaria para realizar el trabajo. «Si se sigue pagando, la maquinaria ya está amortizada, tecnológicamente superada y posiblemente no es igual de eficiente».
Aviso del interventor
Llasat señala que «la obligación de un Ayuntamiento es estar pendiente de los contratos de las empresas adjudicatarias para saber cuándo caducan y prever la renovación o convocatoria de concursos para mejorar la efectividad».
Tras la sentencia sobre los decretos de 2016 y los mostrados de 2019, Primàries ha pedido todos los decretos de 2017, 2018 y los restantes de 2019 «en los que el interventor señale que se ha omitido la intervención previa».
Llasat añade que un nuevo decreto ha resuelto interponer un recurso contra la sentencia. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento advierten que la desestimación del recurso puede comportar la imposición de costas».