El fiscal ha pedido en el Tribunal Supremo la confirmación de la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a 43 y 36 años de prisión a dos miembros de una célula yihadista y a 8 a un colaborador por los atentados cometidos en 2017 en Barcelona y Cambrils, que causaron 16 muertos y 140 heridos.
El alto tribunal ha celebrado este miércoles la vista de los recursos presentados por los tres condenados, Mohamed Houli, Dris Oukabir y Said Ben Iazza, cuyos abogados han solicitado la anulación de la sentencia por estimar no acreditada su participación en acciones terroristas. También se han visto los recursos de diversas acusaciones ejercidas por víctimas que han reclamado que se sepa «toda la verdad».
La Audiencia Nacional declaró probado que el grupo se creó en 2015 en torno a la figura del imán de Ripoll (Girona), Abdelbaki es Satty, y que este quien murió el 16 de agosto de 2017 en la explosión de la casa de Alcanar, donde acumularon entre 200 y 500 kilos de explosivos, 104 bombonas de butano y 19 artefactos caseros y donde también falleció otro miembro de la célula y resultó herido Houli.
Un día después de la explosión de Alcanar el miembro de la célula Younes Abouyaaqoub arrolló con una furgoneta alquilada por Driss Oukabir a decenas de personas en Las Ramblas de Barcelona.
Además poco después de la medianoche del día 18, otros cinco miembros del grupo terrorista se dirigieron al paseo marítimo de Cambrils donde perpetraron el segundo ataque y donde todos ellos fueron abatidos por los mossos d’Esquadra, al igual que hicieron los agentes el día 21 con Abouyaaqoub en un camino de Subirats (Barcelona), siempre según la sentencia.
Las acusaciones ejercidas por víctimas estiman que los acusados no solo deben ser condenados por su implicación en los hechos de Alcanar sino también por los asesinatos y las lesiones cometidas en los atentados de Barcelona y Cambrils.
Este es uno de los motivos por los que varias acusaciones han recurrido la sentencia de la Audiencia, que no apreció que los tres acusados participaran en esos dos atentados y condenó a Houli y a Oukabir por pertenencia a organización terrorista y depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos y a Ben Iazza por colaboración.
El abogado de una de las víctimas del atentado en Las Ramblas de Barcelona ha alegado que «los autores materiales ya no pueden responder jurídicamente porque han muerto pero todos los coadyuvantes sí deben hacerlo porque los perjudicados siguen sufriendo».
Y ha añadido: «Mi clienta hace seis años que no ha pisado Las Ramblas de Barcelona porque acercarse a la zona le genera estrés postraumático, que es la secuela por antonomasia de estos atentados, y solo será reconfortada si se conoce toda la verdad».
La letrada de una agente de los Mossos d’Esquadra que intervino en la acción policial contra la célula terrorista en Cambrils ha asegurado: «Las víctimas nos hemos sentido abandonadas por la justicia». Y ha señalado que su representada también sufre estrés postraumático como secuela psíquica por la acción terrorista.
El abogado de la acusación ejercida por los padres de un niño que falleció en el atentado de Las Ramblas ha pedido también que se investigue si Es Satty falleció realmente en la explosión de Alcanar y sus supuestas relaciones con los servicios secretos españoles.
Igualmente ha reclamado que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del Estado a efectos del pago de indemnizaciones a las víctimas por falta de diligencia en la vigilancia respecto a la venta de precursores de explosivos como los que compraron los condenados.
En su contestación a este abogado el fiscal ha comentado: «Esa supuesta conspiración o actuación irregular de las fuerzas del orden y de los servicios secretos sobre la no investigación sobre Es Satty no cambiaría nada la sentencia, que seguiría siendo la misma estuviera vivo o no».
