El próximo día 27 de noviembre (y la previsión es que dure hasta el día 30) empezará en la Audiencia Provincial de Tarragona el juicio oral contra tres policías locales de Vila-seca, uno de ellos el jefe de este cuerpo de seguridad local. A los agentes se les acusa de los delitos de tortura, asesinato en grado de tentativa, falsedad documental y encubrimiento. Al responsable de la Policía Local, de los dos últimos delitos.
Así, las penas que pide el Ministerio Fiscal para cada uno de ellos son de 20 años y 3 meses de prisión para cada policía; y 7 años y medio de cárcel para el máximo responsable.
Los hechos se remontan a hace más de una década, en enero de 2013. Según el relato del Ministerio Fiscal, la víctima estaba en una fiesta en la discoteca Pacha y en ella propició un bofetón a una mujer, motivo por el cual fue sacado del local.
Se personó una patrulla de la Policía Local en aquella madrugada de enero, solicitada por los vigilantes de la discoteca. Según el relato del Fiscal, la mujer no presentó denuncia por la agresión sufrida pero los agentes sí se llevaron al presunto agresor en coche policial hasta una zona desierta detrás del hotel Donaire, a pocos metros de la discoteca. Allí, supuestamente le habrían dado una paliza suficientemente grave para que los delitos imputados no sean de lesiones sino de asesinato en grado de tentativa. La víctima se quedó con las heridas y los agentes supuestamente se habrían marchado.
La supuesta paliza de los agentes fue antes de las 5 de la madrugada de aquel 9 de enero. A las 11 horas, la víctima estaba arrodillada en el Camí Pla de Maset (vial que conecta La Pineda con Salou) pidiendo una ambulancia. Un peatón lo encontró y fue el que hizo la llamada a los Mossos d’Esquadra, que por primera vez conocieron los hechos.
Más de 4 meses de baja
La víctima, que en 2013 tenía 41 años, ingresó en el hospital de Santa Tecla 14 días y estuvo hasta 128 de baja por las múltiples lesiones sufridas. Mossos abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido. El problema es que la víctima no se acordaba de nada y era difícil poder esclarecer quién le había dado semejante paliza.
En febrero de 2013, un mes después de los acontecimientos, y según el Ministerio Fiscal, la Policía Local de Vila-seca se enteró de la investigación en curso y activó su defensa: redactó una minuta de lo ocurrido aquel día de enero con el conocimiento del jefe de la Policía Local.
La versión de los agentes es que la víctima salió en un alto grado de embriaguez de la discoteca tras provocar un altercado. Lo acompañaron a la parada de taxis de la calle Muntanyals. Le preguntaron si quería asistencia médica y, aparentemente, las lesiones que tenía, eran leves y superficiales. La víctima se habría negado a la asistencia médica y los agentes se marcharon. Aunque es natural de Lleida, había manifestado que dormía en Salou, sin precisar el lugar. Los agentes se enteraron más tarde de que no cogería un taxi, sino que supuestamente se marcharía a pie de la parada.
Y esa versión de los hechos fue la que entró dentro de la investigación de Mossos, que continuó indagando, aunque sin poder todavía hacer un relato de aquella madrugada del 9 de enero.
El anónimo
El caso cobró otra dimensión un año y medio más tarde. La víctima recibía en Lleida un anónimo. En él explicaba a grandes rasgos la versión que defiende la Fiscalía. Y este vecino llevó el escrito a la comisaría de Mossos de su ciudad y éstos la reenviaron a Tarragona, donde se reactivó el caso con la detención de los dos agentes, el registro de sus viviendas y su puesta a disposición judicial (en marzo de 2015).
Los tres acusados quedaron entonces en libertad con cargos. Los dos policías acusados de un delito de lesiones, otro de detención ilegal, omisión de socorro, falsificación y encubrimiento. Al jefe de la Policía Local solo se le acusó entonces de encubrimiento.
El caso debía pasar a la siguiente fase, la de juicio oral, pero por varios factores se ha ido demorando hasta este mes de noviembre. Durante este periodo los delitos de los tres policías que se sentarán en el banquillo han cambiado. Las lesiones de 2015 se han convertido en asesinato en grado de tentativa y la detención ilegal en uno de torturas. Ello implica el aumento de las penas que solicita el Fiscal para cada uno de los agentes. Y en el caso del jefe de la Policía Local, añade al delito de encubrimiento el de falsedad documental.