«Macropromesa». Con ese titular abría el Diari de Tarragona la portada del 8 de septiembre de 2012. El día anterior, hace hoy justo diez años, la Generalitat anunciaba por sorpresa la inversión de miles de millones de BCN World en los terrenos del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca y Salou, junto a PortAventura. Era la respuesta del Govern entonces presidido por Artur Mas a la espantada de Eurovegas. El anuncio se hizo con toda la pompa en el Palau de la Generalitat junto al empresario Enrique Bañuelos, principal accionista de Veremonte, la compañía que iba a desarrollar el proyecto inicialmente. 2016 era el año en que debía abrir puertas el resort con grandes hoteles, casinos y zonas comerciales. Una década después, y tras innumerables promesas y cambios en el proyecto, continúa sin haberse movido una sola piedra.
El proyecto, con Hard Rock como único inversor desde 2017, continúa a expensas de la aprobación definitiva del Plan Director Urbanístico (PDU). El consorcio del CRT y la Comissió d’Urbanisme dieron luz verde de forma inicial al nuevo texto en febrero y, actualmente, la Generalitat está estudiando las alegaciones recibidas para introducir posibles cambios.
Y es que, más allá de las modificaciones del proyecto sobre el papel y del cambio de inversores, la travesía del macrocomplejo turístico estos diez años ha estado marcada por las complicaciones con el ordenamiento urbanístico. Tras años de trabajo, la Generalitat aprobaba a finales de 2016 un Plan Director Urbanístico que acotaba el desarrollo de los terrenos donde se debía levantar el resort. Sin embargo, en septiembre de 2020, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tumbaba este planeamiento alegando que buena parte del suelo contemplado para hoteles y casinos se encontraba en zona de riesgo químico.
El proyecto actual contempla una superficie de 61 hectáreas para el Complejo Turístico Integrado (CTI), unas 40 hectáreas menos que las previstas en el PDU de 2016
La sentencia obligaba a la Generalitat a rehacer todo el planeamiento, reduciendo de forma considerable la superficie edificable y protegiendo suelo verde con más espacios de compensación ambiental. Así, el proyecto actual contempla una superficie de 61 hectáreas para el Complejo Turístico Integrado (CTI), unas 40 hectáreas menos que las previstas en el PDU de 2016. En cuanto a la edificabilidad, se mantiene en los 740.000 metros cuadrados, repartidos entre usos hoteleros (420.000 m2), de ocio (120.000 m2), comercial (50.000 m2), de casino (30.000 m2) y otros (120.000 m2). El reparto final de los espacios que construirá Hard Rock, así como las alturas y los diseños del proyecto –en su día se habló de un hotel con forma de guitarra–, continúan siendo una incógnita.
El nuevo planeamiento, además, define dos grandes espacios de protección ambiental, 54 hectáreas verdes que discurren en paralelo al Raval de la Mar y que hacen de frontera entre la química y el complejo turístico. Se trata de terrenos todos ellos ubicados en término municipal de Vila-seca, que cede además 10 hectáreas fuera del CRT.
Conflicto por la fiscalidad
Este redibujo del PDU trajo consigo los viejos fantasmas de la guerra por los impuestos entre los ayuntamientos de Vila-seca y Salou, que continúan con posturas muy alejadas en cuanto al reparto de la fiscalidad que regirá en el complejo de Hard Rock. La modificación del PDU vino acompañada de la aprobación de un cambio en los estatutos del CRT que establecía un reparto fiscal del 59% para Salou y el 41% para Vila-seca, en función del terreno que tiene cada localidad dentro del CTI. Un cambio que contó con el visto bueno de Generalitat y Vila-seca, pero la negativa frontal de Salou.
Para el consistorio salouense, se debe mantener el reparto que se aprobó en 2013 –después de meses de disputa con el ayuntamiento vecino– que establecía una fiscalidad del 57-43, pero además fijaba que el 100% de los impuestos generados en los terrenos del CTI se quedaran en el municipio donde esté radicada la actividad.
Vila-seca y Salou continúan con posturas muy alejadas en cuanto al reparto de la fiscalidad que regirá en el complejo de Hard Rock
A pesar de la falta de acuerdo en materia fiscal, los dos alcaldes coinciden en señalar las bondades del nuevo PDU y se muestran confiados en que la inversión tirará adelante. El edil de Salou, Pere Granados, va un paso más allá y apunta que Hard Rock pondrá la primera piedra en el primer semestre de 2023: «Ya estamos en la recta final y pronto se aprobará definitivamente el PDU, que se ajusta a la sentencia y que avala por completo el proyecto». En este sentido, apunta que antes de que acabe el año se aprobará el nuevo redactado y la compañía norteamericana hará efectiva por fin la compra de los terrenos.
Para Granados, el cambio de inversor fue «muy positivo» y el aterrizaje de Hard Rock en la Costa Daurada supondrá un plus como destino. «Es una empresa con prestigio internacional que desarrollará una línea de proyecto turístico única como es Hard Rock Life, con grandes eventos, teatro y conciertos de interés internacional», detalla. Un tipo de turismo que, considera, «servirá para desestacionalizar la temporada y posicionará a Salou como un referente a nivel mundial, más allá de Europa, en Asia y América».
Desde Vila-seca, el alcalde Pere Segura también se muestra confiado con la evolución del proyecto, pero señala que «todavía hay cuestiones importantes por resolver». Manifiesta que «ha sido un proceso excesivamente largo temporalmente, pero a la vez no ha sido estático, ha sido dinámico y durante todo el proceso el proyecto ha ido mutando, cambiando y evolucionando». En este sentido, Segura se muestra satisfecho con el actual planeamiento y asegura que «de la ideas iniciales de Veremonte a las que hoy tenemos en la mesa, el proyecto ha evolucionado mucho y de forma positiva. De aquellos millones de metros cuadrados de edificabilidad ahora estamos en 700.000 y con grandes superficies de protección ambiental». «Es un proyecto mucho más a la catalana y no tan a la americana», concluye el edil.
