El exalcalde de Roda de Berà Pedro José Figueiredo ha negado que le pidiera a un agente de la Policía Local que solicitara un anticipo de nómina, de 3.000 euros, en 2008 para devolverle un préstamo.
En su declaración, hecha este miércoles en la Audiencia de Tarragona, la exalcalde del PP ha desmentido la versión del policía- ya retirado- y ha asegurado que le quiere atribuir las presuntas irregularidades porque ya ha sido condenado para apropiarse de dinero de las arcas municipales. Figueiredo ha declarado que firmaba miles de decretos, los cuales no podía revisar con su totalidad y que confiaba en el equipo del área de intervención. También ha dicho que su función no era la de fiscalizar y que los concejales tenían las competencias delegadas.
El exalcalde de Roda de Berà ha afirmado que no recuerda haber firmado los pagos de los anticipos concedidos a los tres concejales en marzo de 2008 ni la otorgada al expolicía en junio del mismo año. Ha asegurado que firmaba muchos decretos cada semana y que era imposible revisarlos todos. Figueiredo ha reconocido que el procedimiento para autorizar y pagar los adelantos de nóminas o anticipos de caja fija requerían las firmas del tesorero y del interventor, así como la del alcalde.
Con todo, ha declarado que él no tenía la función de fiscalizar estas operativas y ha remarcado que los concejales tenían las competencias delegadas, y que, por lo tanto, eran ellos quienes las autorizaban y posteriormente las justificaban con facturas o tickets. «No tenía la capacidad para autorizar un anticipo de nómina, sino que era el interventor quien tenía que decidir si se podía otorgar – al trabajador solicitante- o no, de acuerdo con la legalidad, el presupuesto y su nomina», ha respondido el exalcalde a preguntas del letrado.
«Nunca le pedí que solicitara un anticipo, es una absoluta mentira»
El investigado ha afirmado que no tenía ninguna relación de amistad con el expolicía y que cuando le pidió una cita lo recibió tal y como había hecho con otros trabajadores.
Figueiredo ha desmentido la declaración del exagente y ha explicado que el hombre le confesó que tenía problemas económicos. «Nunca le pedí que solicitara un anticipo de la nómina para mí, es una absoluta mentira lo que dijo», ha manifestado. También ha declarado que no tenía necesidad de pedírselo porque él mismo como alcalde lo podía hacer o bien pedirle a personas de su entorno en el Ayuntamiento, como por ejemplo a los cargos de confianza o su cuñada, que también era una de las concejalas de aquel mandato.
En su intervención, Figueiredo ha recordado que se apropió de 75.000 euros de las arcas municipales durante aquel periodo y que por estos hechos ya fue condenado por un delito continuado de malversación de caudales públicos a trece meses y medio de prisión. «Cometí un error, me había apropiado de un dinero que ya devolví, se me juzgó por eso, lo reconocí y lo he pagado: ¿por qué le tengo que pedir 3.000 euros a este señor después? tenía otras opciones», ha argumentado.
Todo justificado
En la sesión de este miércoles, también han declarado los otros dos acusados. El secretario del consistorio en 2008 ha explicado que ocupó accidentalmente el cargo de tesorero y de interventor durante unos meses aquel año para cubrir temporalmente estas plazas hasta que se regularizaran para que no quedaran descubrimientos.
El investigado ha afirmado que una vez el interventor autorizaba el pago de los anticipos fijos, él las ejecutaba y que «no hacía ningún tipo de comprobación» porque no le correspondía. También ha indicado que todos los anticipos que se concedieron a los tres concejales se justificaron todas «por aplicación presupuestaria», con sus correspondientes justificaciones. «Hay algunas que están totalmente justificadas con facturas y hay una de unos 3.500 euros del señor Guillem Millán de la que hay justificación que se gastó 1.700 euros y el resto que los devolvió con un ingreso», ha sostenido.
En cuanto al anticipo concedido al expolicía, el acusado ha subrayado que no sabía si estaba de baja cuando se le dio, dado que es una cuestión que gestiona el departamento de Recursos Humanos. «En 2008 había casi 150 trabajadores, no tenía control de la vida laboral de todos los empleados; firmé el adelanto de la nómina, pero insisto que yo no lo tenía que comprobar, puesto que mi función no era fiscalizar, el tesorero la única función que tiene es ejecutar el pago», ha sentenciado.
Respecto a la otra acusada, que actualmente todavía trabaja en el consistorio rodense, ha indicado que ocupó el cargo de interventora solo durante un mes, del 29 de febrero al 29 de marzo. «No encontraban enanadie para hacer las funciones y acepté, no sabía hacer todas las funciones del interventor, no sabía que tenía que fiscalizar todos los gastos», ha declarado. La investigada ha manifestado que no comprobaba el que firmaba porque, dice, «confiaba plenamente» con los compañeros del área de intervención y con los responsables, como por ejemplo el secretario o el concejal de Hacienda. Así mismo, ha declarado que no recuerda haber firmado los anticipos que se investigan.
Fiscalía mantiene las peticiones de penas de prisión
El ministerio público ha mantenido las peticiones iniciales. Así, pide para el exalcalde y el exsecretario tres años de prisión por malversación de caudales públicos y nueve años de inhabilitación especial de ocupación de cargo público por el delito continuado de prevaricación. También solicita ocho años de inhabilitación del sufragio universal, así como 3.000 euros de responsabilidad civil. Para la otra acusada, solo solicita una pena de nueve años de inhabilitación especial de ocupación de cargo público por el delito continuado de prevaricación.
Las defensas piden la absolución y si la sentencia es condenatoria han solicitado la rebaja en dos grados de las penas por las dilaciones indebidas, ya que los hechos pasaron hace quince años. Finalmente, el juicio ha quedado visto para sentencia.
