El Ayuntamiento de Calafell ha logrado 14 pisos que destinará a alquiler social y para atender casos de emergencia habitacional por desahucios o para acoger a mujeres víctimas de violencia de género.
Las viviendas conseguidas son por cesiones al consistorio o por la adecuación de casas que ya eran públicas, como las antiguas de los maestros en el núcleo del pueblo.
En cambio el Ayuntamiento no ha podido aprovechar las ofrecidas por entidades bancarias en cumplimiento del decreto de la Llei de Dret de l’Habitatge de Catalunya.
El decreto de medidas extraordinarias y urgentes obliga a los bancos a poner en el mercado las viviendas obtenidas por desahucios o daciones en pago.
La norma de obligado cumplimiento establece que los ayuntamientos tienen preferencia para adquirir esas viviendas. Establece que los consistorios tienen un derecho de tanteo por si quieren quedarse con los pisos.
Dos ofrecidas
A través de la Agència de l’Habitatge de Catalunya se ofrecieron al consistorio de Calafell dos pisos procedentes de bancos. Pero, según explica el alcalde Ramon Ferré, se ha rechazado el derecho de tanteo y la compra ya que prácticamente estaban a precio de mercado.
Recientemente el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú ha comprado 10 pisos a entidades bancarias para destinarlos a vivienda social. Los pisos son los de los bancos sobre los que el consistorio ha ejercido el derecho de tanteo.
El municipio de la capital del Garraf incorpora esas viviendas a su mesa local de emergencia habitacional destinada a familias que se han visto en la calle por desahucios. Serán para alquiler y a un precio en función de las posibilidades de las familias que accedan.
Pero por la estructura de Vilanova y en sus diferentes barrios, los pisos que ha adquirido el consistorio de la capital del Garraf estaban entre los 30.000 y los 60.000 euros.
Los técnicos del Ayuntamiento de Vilanova visitaron hasta 50 viviendas que presentó la Agència de l’Habitatge de Catalunya y seleccionaron diez. Algunos requieren de obras de adecuación y dar de alta servicios como luz, agua y gas.
Más caro
En el caso de Calafell, sin embargo, los pisos que los bancos han puesto a disposición de la administración local superaban los 100.000 euros. Así, el consistorio ha rechazado la compra. Ahora se centrará en adecuar las viviendas que ha recibido por cesiones.
Dos de ellas están en la calle Cosme Mainé del núcleo del pueblo y otras nueve en un solar de la calle Miño de Segur de Calafell que el propietario ha cedido de manera gratuita. En ese terreno hay nueve viviendas ya construidas.
Otras tres viviendas que aprovechará el Ayuntamiento son las antiguas de los maestros en el núcleo del pueblo, que ya han quedado vacías y son de propiedad municipal.
Ramon Ferré explica que ahora se revisará el estado de todas las viviendas asumidas por el consiatorio para comprobar si necesitan obras de adecuación y poderlas realizar.
Violencia machista
El objetivo es incorporarlas a una bolsa de vivienda que se destinaría a alquiler social, pero también a casos de emergencia ocupacional de familias que se vean en la calle o para mujeres víctima de violencia que necesiten de manera urgente un techo.
El alcalde no descarta estudiar otras nuevas ofertas que reciba de la Agència de l’Habitatge de Catalunya para pisos de propiedad de bancos que vayan a la venta, pero teme que por el precio del suelo de Calafell sean difícilmente asumibles.
En el caso de Vilanova i la Geltrú el consistorio se ha hecho con 10 pisos por unos 400.000 euros y ha llegado a un acuerdo con la Generalitat para financiar la compra.
El Vendrell
Igual que en Calafell, en El Vendrell también esperan poder recibir propuestas de viviendas de bancos para estudiar un posible derecho de tanteo y crear una bolsa de vivienda social.
Sin embargo en la capital del Baix Penedès la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha sugerido medidas como reconocer como edificio de uso social un inmueble que ya está ocupado hace unos siete años y que acoge a familias que se han visto en la calle.
También señalan que hay otros inmuebles que están totalmente vacíos y que han sido saqueados. La PAH pide al Ayuntamiento que negocie con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como banco malo, para lograr la cesión de las viviendas que ha asumido y que están en muy mal estado, pero que rehabilitados podrían contribuir a una bolsa de vivienda.