La gimcana que supone votar por correo ha hecho que sólo 1.708 electores tarraconenses residentes en el extranjero, de un censo total de 14.828, se hayan inscrito para poder emitir su sufragio de cara al 20-D. Es sólo un 11,5%. Pese a todo, hay un aumento en relación a 2011, cuando la cifra fue de 1.141 personas, un 10,6% respecto al total de electores que vivían fuera –eran 10.698–, según los datos ofrecidos por el INE.
Para algunas voces, esta cifra tan baja se fundamenta en una razón. El gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero reformó en 2011 con el apoyo de PP y CiU la Ley Electoral, instaurando el llamado ‘voto rogado’. Este sistema obliga a los españoles residentes en el extranjero a realizar una serie de trámites previos para poder votar.
Cada elector interesado debe inscribirse en el Registro de Matrícula Consular y solicitar la documentación a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral. Lo debe hacer no más tarde del 25º día posterior a la convocatoria de elecciones. El votante deberá entregar la solicitud personalmente en el consulado y sólo tendrá validez para un proceso electoral o para varios si se celebran en la misma fecha. A continuación, la Delegación Provincial del Censo Electoral manda por correo el Certificado de inscripción en el censo, las papeletas de votación, el sobre, la dirección de la mesa electoral y una hoja informativa. Finalmente, el elector deberá enviar su voto por correo certificado a la mesa electoral correspondiente antes del tercer día previo a las elecciones.
Se trata de un verdadero rompecabezas burocrático lleno de papeleos y limitado a los plazos marcados y al lugar de residencia. De ahí que una gran cantidad de tarraconenses rechacen participar o se encuentren con problemas –ya se produjeron quejas precisamente para las elecciones al Parlament de Catalunya del pasado 27 de septiembre–.
Como resultado, únicamente 142.619 españoles expatriados han pedido votar el 20-D, es decir, el 7,5% de los 1.875.272 electores que residen en el extranjero, según la Oficina del Censo Electoral. Tarragona, con ese 11,5%, incluso está notablemente por encima de la media estatal.
La propia Junta Electoral Central ha admitido durante esta campaña que existen «dificultades»para el ejercicio del derecho de voto desde el extranjero. De hecho, que a esos 1.708 españoles se les haya aceptado la solicitud no significa que se convierta en votos válidos, ya que a veces las papeletas no llegan a tiempo.
