PSOE, ERC y Junts han firmado un acuerdo sobre la ley de amnistía que se hará realidad este jueves en la votación del dictamen en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
El acuerdo, del que todavía no han trascendido sus detalles, implica previsiblemente un nuevo redactado en las exclusiones, de modo que puedan acogerse a la norma los investigados relacionados con el proceso por supuestos delitos de terrorismo.
También avanzaría la fecha de aplicación de la norma para que se pueda aplicar para los encausados e investigados desde noviembre de 2011 (hasta ahora era enero de 2012) hasta el 13 de noviembre de 2023. Además, el acuerdo supondrá que la Generalitat podrá devolver las multas que se impusieron durante el procés en aplicación de la ley mordaza.
En un comunicado firmado por los tres grupos, PSOE, ERC y Junts anuncian que «tras días de trabajo conjunto» y «teniendo en cuenta las directrices del derecho constitucional, europeo e internacional, así como el informe preliminar de la Comisión de Venecia las tres formaciones «hemos llegado a un acuerdo» mediante una «transacción única a partir de las distintas enmiendas que se mantienen vivas» para «reforzar la ley de amnistía».
El comunicado recuerda que la ley «cubre a todas las personas vinculadas al proceso independentista» y es «plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea, y los mejores estándares europeos e internacionales».
Según explican, el contenido íntegro de la transacción «se dará a conocer mañana antes de la comisión de Justicia del Congreso».
A falta de conocer los detalles, fuentes parlamentarias apuntan a que la transaccional eliminaría las referencias de la ley al Código Penal español como fuente de definición del terrorismo, dejando sólo la tipificación que hacen los convenios internacionales.
Diferenciaría así entre lo que considera como terrorismo al Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional y lo que se entendería que es terrorismo según los convenios.
El objetivo -en la línea de lo que ha apuntado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y pedían ERC y Junts- es dar garantías de que el texto incluirá a los investigados del Tsunami Democràtic como Carles Puigdemont y Marta Rovira.
El entendimiento también modificaría otros apartados de la norma, como una rebaja del umbral de gravedad para que menos policías acusados de torturas no puedan acogerse a la amnistía. Además, redefine el artículo 1 quien puede beneficiarse de la amnistía -tal y como pedía la Comisión de Venecia- para evitar que se puedan acoger casos de corrupción.
El acuerdo entre PSOE, ERC y Junts implica que este jueves las tres formaciones -junto con el resto de grupos que apoyan la ley- aprobarán el dictamen en comisión y no dejarán ninguna enmienda viva para el pleno de la próxima semana .
«Estamos a pocas horas. Creo que conseguiremos un acuerdo para sacar adelante una ley trascendente por la democracia que dejará atrás las consecuencias judiciales de la crisis territorial en Catalunya», ha dicho.
En este marco, recordó informe Comisión de Venecia decía que las leyes de amnistía sirven para reconciliación. «Y esto es lo que busca el gobierno de España. Reconciliación entre catalanes y entre catalanes y los hermanos que viven en otros territorios».
Según Sánchez, el Proyecto de ley «entró en las Cortes constitucional y alineado con el derecho europeo, y saldrá igual».
El acuerdo sobre la ley de amnistía debe dar paso a la siguiente meta volante del gobierno español en esta legislatura: la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2024. Los socialistas necesitarán de nuevo el ‘sí’ de todas las formaciones que permitieron la investidura, incluidos ERC y Junts.
