El PSOE y el PP aprobaron este jueves la tramitación de la ley que reformará el Consejo General el Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, tras años de bloqueo.
Los miembros del CGPJ son elegidos por el Congreso y el Senado entre jueces y juristas de reconocido prestigio, pero tiene que ser por una mayoría reforzada, por lo que es imprescindible el acuerdo entre los dos principales partidos políticos.
El desacuerdo entre PSOE y PP hizo que este órgano estuviera sin renovarse durante más de cinco años, hasta que la semana pasada ambas formaciones acordaron su renovación con la condición de reformar la ley que regula la elección de sus componentes.
Este jueves el Congreso español acordó la tramitación de una ley orgánica que insta a los nuevos miembros del CGPJ pactados por socialistas y conservadores a proponer un nuevo sistema de elección en el plazo de seis meses.
La propuesta fue aprobada por 258 votos a favor, 43 en contra y 33 abstenciones, en una cámara formada por 350 diputados.
Entre las formaciones que se abstuvieron estaba el grupo de izquierda Sumar, socio minoritario de los socialistas en el Gobierno español de coalición, quien ve insuficiente la propuesta y cree que debe ser «corregida».
El ultraderechista Vox, tercer grupo en el Congreso, votó en contra, igual que otros partidos nacionalistas e independentistas que apoyaron la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
A partir de hoy la proposición de ley se tramitará de forma urgente para ser aprobada definitivamente por un pleno en el Senado previsto para el 31 de julio.
Después el nuevo CGPJ deberá hacer un informe sobre su reforma, que se discutirá y votará en el Parlamento.
Pese a que socialistas y conservadores unieron este jueves sus fuerzas, mantuvieron un debate en el Congreso en que hubo críticas por ambas partes.
La reforma del Consejo General del Poder Judicial llega en un contexto de tensión entre el poder judicial y los partidos políticos en España propiciado, entre otros asuntos, por la aplicación de la ley de amnistía para los independentistas catalanes que participaron en el intenso secesionista de octubre de 2017.
El Tribunal Supremo rechazó esta semana que la amnistía no se aplique al expresidente regional de Cataluña Carles Puigdemont, huido de la Justicia española en Bélgica, por el delito de malversación de caudales públicos.
Las tensiones tienen que ver también con la decisión del Tribunal Constitucional de rebajar las condenas a antiguos cargos socialistas en la región de Andalucía impuestas por el Supremo en 2019 por un caso de corrupción.
Tanto PP como PSOE se acusan mutuamente de querer instrumentalizar al poder judicial y de no respetar su independencia.