Junts y PSOE necesitarán volver a repetir la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez para que la propuesta de ley de la delegación de competencias de inmigración pueda ser aprobada. Ayer, tanto PP como Vox ya mostraron su firme oposición al acuerdo, pero fue el desmarque de un socio socialista –Podemos– el que puede hacer peligrar la votación.
«Lo que es urgente en nuestro país es que se apruebe la ILP de regularización que lleva un año esperando. El PSOE ha pactado con Junts, un partido anti inmigración que compite con la ultraderecha catalana, darles las competencias de migración. No se hará con los votos de Podemos», indicó Belarra en la red social X, olvidando que Junts no gobierna en Catalunya, sino que está en la oposición del gobierno de Salvador Illa (PSC).
La vicepresidenta segunda del Gobierno Central, Yolanda Díaz (Sumar), sí que se mostró partidaria de la delegación de competencias, contradiciendo a su exsocio, porque «encaja dentro de la Constitución y garantiza el respeto a los derechos humanos».
El ejecutivo español, de hecho, cree que el acuerdo allana el camino para la aprobación de unos nuevos presupuestos generales del Estado (PGE). «La voluntad de este gobierno es tener unos nuevos presupuestos, y somos conscientes de que debemos sudar la camiseta y hablar con todas las fuerzas parlamentarias», afirmó su portavoz, Pilar Alegría (PSOE).
Nuevo grupo de trabajo
Desde Catalunya, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque (PSC), anunció que la Generalitat creará un grupo de trabajo para abordar «con toda garantía» la delegación de competencias en inmigración. Paneque evitó concretar cuál es el posicionamiento del ejecutivo sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y apuntó que «esta será una de las cuestiones que abordará el grupo de trabajo de nueva creación». Desde el Govern también se rechaza poner ningún calendario sobre la mesa.
Esquerra Republicana (ERC) ve con buenos ojos el acuerdo. «A la espera de leer la letra pequeña, celebramos cualquier ampliación de competencias para Catalunya», indicó al Diari la vicepresidenta segunda del Parlament de Catalunya, Raquel Sans (ERC), quien recuerda que este pacto «va en la línea del trabajo iniciado por ERC, con acuerdos tan importantes como el traspaso de Cercanías o la condonación de los 17.000 millones de euros de la deuda del FLA».
El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, considera que el pacto «no solo es ilegal y absurdo, es que aumentará la descoordinación y la inseguridad a las fronteras», a la vez que el presidente popular a nivel estatal, Alberto Núñez Feijóo, anunció que lo derogará «cuando gobernemos» porque «es una humillación al Estado».
