Pedro Sánchez se someterá este miércoles al debate de investidura en medio de un clima convulso. Su decisión de hacer depender la legislatura de formaciones como ERC y Junts y, sobre todo, el vuelco dado a su propio discurso al aceptar una amnistía de amplísimo espectro para los encausados por del 'procés, que él mismo rechazó una y otra vez la legislatura pasada por inconstitucional, augura un mandato lleno de sobresaltos. Desde el Ejecutivo, ahora en funciones, se insiste sin embargo en que la «estabilidad» está garantizada.
A pesar de que el Ministerio del Interior decidió reforzar este martes la seguridad del Palacio de la Moncloa para celebrar el último Consejo de Ministros de la coalición firmada por el PSOE y Unidas Podemos hace cuatro años, de que se haya previsto un operativo de 1.300 policías para blindar el Congreso este miércoles, de las manifestaciones que desde hace más de diez días se suceden frente a las sedes de los socialistas y de las protestas y comunicados críticos de distintos estamentos y cuerpos de la Administración, el Gobierno desdeña la interpretación de que la medida con la que, según esgrime, se contribuirá a «normalizar la convivencia» de Cataluña pueda acabar sembrando la discordia en el conjunto de España.
El mensaje que desde hace días repiten los distintos portavoces socialistas es el de que el malestar evidenciado por una parte considerable de la sociedad está, por un lado, instigado por una derecha que no asume su «derrota» electoral, que vive de la «confrontación» y que difunde «falacias para aterrorizar a la población».
«Lo que ha pasado desde el día de ayer -llegó a decir la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en alusión al registro y publicación de la polémica norma en el Congreso- es que a muchos se les han acabado los argumentos. El problema no es una ley que a todas luces es impecable desde el punto de vista jurídico sino que no aceptan la mayoría parlamentaria que la respalda».
Entre quienes miran con reticencias e incluso disgusto el paso dado por el PSOE, sin embargo, hay más que afines al PP y Vox. Sánchez lo sabe y su pretensión es convencerles con los mismos argumentos con los que ha logrado arrastrar al grueso de su formación a un cambio de posición drástico y sorpresivo incluso para un dirigente que ya se caracterizaba por su maleabilidad: la teoría del mal menor, el «hay que hacer de la necesidad virtud» que espetó ante el comité federal del pasado 28 de octubre.
Al pleno que concluirá el jueves con su reelección, según cabe esperar, por 179 votos a favor (PSOE, Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV, BNG y CC) y 171 en contra (PP, Vox y UPN), Sánchez acudirá hoy con la tesis de que todo lo hecho se justifica por la necesidad de evitar la llegada de la ultraderecha al Gobierno y por los supuestos beneficios que traerá, en cambio, su continuidad.
«Lo que hace el presidente del Gobierno en funciones es más que un acto formal -esgrimió Rodríguez - es dirigirse al país para presentar su proyecto de futuro ya respaldado por cinco años de Gobierno en los que España está mejor que antes, en los que los trabajadores han visto incrementados sus salarios, las mujeres hemos alcanzado cotas de empleo nunca antes conocidas, en los que hemos visto mejorado el sistema de educación con aportaciones en materia de becas, en los que hemos dado tranquilidad a los pensionistas y nos hemos esforzado por mejorar nuestro modelo productivo con una apuesta por la reindustralización».
Golpes de efecto
Los socialistas tienen claro que su producción legislativa no podrá ser esta vez de la magnitud de la legislatura anterior. Entre otras cosas, porque no existe una mayoría progresista en la Cámara baja. A sus socios les une la posición anti-Vox y, en la mayoría de los casos, un cuestionamiento del modelo territorial, pero no forman un bloque ideológico.
Aun así, lo previsible es que Sánchez dedique buena parte de su discurso a propuestas de calado social como el blindaje por ley de un Salario Mínimo Interprofesional ligado al 60% del salario medio; la reducción progresiva de la jornada laboral recogida en el pacto de coalición con Sumar o el aumento de las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la revalorización de las contributivas, además de algún golpe de efecto; anuncios concretos.
Parece difícil convertir la ley de amnistía y las exigencias de los secesionistas, que insisten en la celebración de un referéndum de autodeterminación y les obligarán a negociarlo bajo la supervisión de mediadores internacionales en el extranjero, en una mera nota a pie de página. En Moncloa aseguran que Sánchez no tiene intención de ocultar nada sino de explicarlo y que lo que hará será presentar un «proyecto de país completo» aderezado con una «defensa encendida de la democracia». Pero, sin duda, pondrá el foco en las políticas que afectan, en palabras de su portavoz, a las «cosas de comer» y en los «avances en derechos».
En el Ejecutivo alegan que los mismos malos augurios que ahora se lanzan contra el futuro Gobierno se lanzaron en 2019 tras una investidura que salió adelante gracias a ERC y Bildu y que el tiempo acabó desmintiéndolos con una legislatura larga, tres Presupuestos seguidos y 200 normas aprobadas. «A quienes sienten inquietud de buena fe, queremos pedirles la confianza que viene avalada por un presidente que no ha hecho sino mejorar la vida de la gente», insistió Rodríguez.
