Una segunda ola de independentistas se ha ido al extranjero por la investigación de terrorismo de la Audiencia Nacional contra la plataforma Tsunami Democràtic por su papel en las protestas contra la sentencia del 1-O.
Al menos siete de los 12 investigados están residiendo fuera de Catalunya en la actualidad, y cuatro de ellos se han trasladado en los últimos meses por la investigación de la AN.
El diputado de ERC Ruben Wagensberg, el activista de Òmnium Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez y el empresario Josep Campmajó viven ahora en Suiza, donde ya está la secretaria general de ERC, Marta Rovira, desde 2018.
Tras el 1-O Jaume Cabani se marchó a Bélgica, donde hasta hace poco también estaba el expresidente Carles Puigdemont, ahora en el Vallespir por la campaña del 12-M.
Todos ellos se exponen a ser juzgados y condenados por terrorismo por su presunta vinculación con el Tsunami y las protestas contra la sentencia del 1-O.
También están investigando al jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay (en Catalunya), el empresario Xavier Vendrell (entre Catalunya y Colombia, es asesor del presidente Gustavo Petro), la dirigente de ERC Marta Molina, el empresario Oriol Soler (también en Catalunya), y el banquero suizo Nicola Flavio Giulio Foglia.
En una entrevista en el ACN Benet Salellas, abogado de Serra, Campmajó y Soler denuncia que, pese a la ley de amnistía, existe “un cierto descontrol en determinados espacios” del poder judicial español que están “dispuestos a ir más allá del que dice la ley” por motivos “políticos”. «La inseguridad hace tomar decisiones como el exilio», asegura.
Ahora mismo no existen órdenes de detención contra ninguno de los investigados, si bien se les está empezando a citar para declarar. Justo esta semana la AN reclamaba a los investigados que no son aforados que le hagan llegar en un día las direcciones a las que viven para que pueda citarles a declarar.
El caso de Puigdemont y Wagensberg está en el Tribunal Supremo por su condición de eurodiputado y diputado, respectivamente.
Más allá del riesgo de entrar en prisión, Salellas explica que la decisión del exilio también es una vía para “denunciar internacionalmente que España utiliza el terrorismo para acallar la disidencia política”: “Utilizaremos todas las vías institucionales para explicar al mundo que se están vulnerando derechos fundamentales a ciudadanos europeos”.
«Hasta la fecha el exilio ha demostrado que las decisiones de los países europeos han ido en contra de las autoridades españolas».
“Que la gente tenga que irse es una consecuencia lógica de la arbitrariedad de España contra la oposición política”, añade el abogado suizo Olivier Peter.
El también letrado de Serra y otros independentistas catalanes cree que el caso del Tsunami «demostrará que aunque haya un cambio de gobierno en España la represión del independentismo sigue por parte de los poderes fácticos del estado».
Traslado a Suiza desde noviembre
Salellas revela al ACN que decidieron activar el dispositivo para marcharse a Suiza a raíz del auto del juez de la AN Garcia-Castellón del 6 de noviembre del 2023. “Demostraba que era una causa que utilizaría la derecha judicial para luchar contra la ley de amnistía y que no seguiría los controles o reglas de cualquier causa judicial ordinaria.
Esto a mucha gente le hace plantear el riesgo de situaciones de privaciones de libertad y de órdenes de detención”, afirma. Ante esta preocupación se opta por “marchar al exilio”.
Al igual que Ruben Wagensberg, diputado y número 9 de las listas de ERC en el 12-M, Oleguer Serra, miembro de la Junta de Òmnium, también se marchó hace meses de Catalunya tal y como explicó él mismo en un acto anoche en Perpiñán, acompañado del presidente de la entidad cultural, Xavier Antich, y el expresident Jordi Cuixart.
La misma decisión tomó a finales de 2023 a Jesús Rodríguez, periodista de ‘La Directa’. Su grupo de apoyo ha dado detalles en un acto este jueves en Sants, donde el propio Rodríguez ha intervenido por videoconferencia.
A su vez, el empresario Josep Campmajó también explicará que se ha ido del Estado, en un acto que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Girona esta mañana.
De cara a esta nueva etapa “de exilio”, Salellas defiende que “el coste debe asumirlo el movimiento” independentista. «No puede que las personas que se han ido al exilio tengan que asumir los costes», remarca.
El caso del Tsunami
Desde 2019 la Audiencia Nacional persigue la plataforma Tsunami Democràtic al considerar que su vinculación con las protestas por la sentencia del ‘proceso’ podría constituir un presunto delito de terrorismo.
Cuatro años después, finalmente en noviembre de 2023 el juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acuerda dirigir la investigación por las actuaciones del Tsunami contra Puigdemont, Rovira, Wagensberg, José Luis Alay, Oriol Soler, Javier Vendrell, Marta Molina, Josep Campmajó, Jesús Rodríguez, Jaime Cabani, Oleguer Serra y Nicola Flavio Giulio Foglia. Los hechos podrían calificarse de forma indiciaria, indica el juez, como de terrorismo.
El magistrado considera que el Tsunami era una organización cuyo objetivo era «subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva».
Los informes de la Guardia Civil en los que se basa García-Castellón atribuyen a Tsunami el bloqueo de infraestructuras críticas del Estado y europeas como el del aeropuerto de Barcelona-El Prat, el intento de bloqueo de la torre de control ENAIRE de Barcelona en Gavà o el intento de bloqueo del aeropuerto de Madrid-Barajas, la huelga general del 18 de octubre de 2019, el intento de afectación del proceso de elecciones generales de noviembre o las acciones cometidas a propósito del partido de fútbol entre el FC Barcelona y el Real Madrid en diciembre.