El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, admitió ayer lunes por primera vez en las últimas dos semanas que su Gobierno cometió «errores» en la gestión de la DANA. Hasta ahora, el dirigente del PP había descartado ceses en su Ejecutivo, pero esta vez, y tras la avalancha de críticas que se ha visto incrementada este fin de semana, elevó la presión sobre sus consellers. Un cerco que se estrecha especialmente sobre la responsable de Justicia e Interior, Salomé Pradas, de quien depende el operativo de emergencia en la comunidad y que llegó a admitir que no tuvo conocimiento del sistema ES-Alert -que permite enviar una notificación sonora de emergencia a los móviles en una ubicación concreta- hasta las 20:00 horas del 29 de octubre, el día de la tragedia. «Estamos trabajando para adecuar toda la estructura del Consell a las labores de reconstrucción», zanjó al ser preguntado durante una rueda de prensa en Torrent para anunciar la puesta en marcha de una línea temporal de autobuses hasta Valencia. Si bien Mazón evitó concretar y emplazó sus respuestas de contenido más político, especialmente en lo relativo a dimisiones o remodelaciones, a una comparecencia en el parlamento valenciano este mismo jueves.
El líder valenciano se ha visto forzado en las últimas horas a cambiar la hoja de ruta de su Ejecutivo, que ahora pasa por la autocrítica y la asunción de responsabilidades. Entre otras cuestiones, se encuentran las dudas que existen en el Partido Popular sobre el futuro político de uno de sus barones. De momento, Génova se mantiene firme en su defensa para no lastrar a toda la formación, pero ayer lunes el portavoz de la formación, Borja Sémper, evitó respaldarle en público. «Daremos explicaciones serias en Les Corts, sin desinformación, bien ordenada, evitando bulos, insinuaciones chocantes, incluso desagradables, pero yo no estoy en clave de mi defensa personal, que en nada ayuda a la verdadera labor», indicó Mazón.
El presidente de la Comunitat Valenciana, sin embargo, intentó sacudirse algunas de las responsabilidades por las que ha recibido críticas y precisó que no forma parte del Centro de Coordinación Operativa Integrado constituido en Valencia ante la DANA, cuyos miembros, puntualizó, «no necesitan una presencia política» para tomar las decisiones. «Todo el mundo va a tener que repasar los errores que se pudieron cometer, hay uno que está claro, no haber prestado más atención a la Rambla del Poyo, aunque no es responsabilidad de la Generalitat», zanjó, señalando al Gobierno central. «Va a tener que llegar un momento en el que todas las Administraciones deberemos revisar nuestra actuación. Hay que asumir errores, sin ninguna duda y con total humildad», finalizó.
Relevo en la portavocía
La vicepresidenta valenciana, Susana Camarero, ejerció, de nuevo, como portavoz del Gobierno. Interrogada por la situación de Pradas evitó cerrar filas con su compañera de Interior: «Todos los consellers estamos a disposición del presidente. Lo que tenga que pasar no lo puedo decir yo hoy». Camarero, de hecho, ya ejerce de portavoz del Consell porque la portavoz oficial, Ruth Merino, podría perder esa competencia. Respecto a la manifestación del sábado, Mazón aseguró entender «el enfado y el dolor» de sus conciudadanos y criticó las «conductas violentas y agresiones al patrimonio» que tuvieron lugar tras la misma.
El portavoz y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper dijo ayer que lo primordial pasa por «centrarse en los afectados» y dejar las responsabilidades políticas en segundo plano. «Nosotros no vamos a entrar en el barro ni vamos a contribuir a que la política española se emponzoñe más», señaló el portavoz popular. Sémper no realizó ninguna defensa explícita de Carlos Mazón, pero sí hizo hincapié en que él comparecerá este jueves en el Parlamento Autonómico para dar explicaciones, «a diferencia de otros políticos». Algo que Sémper calificó como «un acontecimiento político relevante».