Fin del camino judicial para el caso del contrato de las mascarillas en las que medió el hermano de Isabel Díaz Ayuso.
Tras el archivo decretado por la Fiscalía Anticorrupción en junio pasado, este martes la Fiscalía Europea ha informado también del cierre de sus pesquisas al no encontrar indicios de delito en el suministro de 250.000 tapabocas FFP 2 y 3 concedido por la Comunidad de Madrid a la empresa dirigida por un amigo de la familia de la presidenta regional.
Una adjudicación realizada el 1 de abril de 2020 por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a la mercantil Priviet Sportive S. L., administrada por Daniel Alcázar, por un importe total de 1.512.500 euros en plena primera ola de la pandemia de coronavirus. El archivo del decreto de la Fiscalía Europea tuvo lugar el pasado 6 de marzo.
Fue la Sala Permanente del organismo comunitario, a propuesta de los Fiscales Europeos Delegados y con el acuerdo de la máxima responsable en España, Concepción Sabadell, quien tomó esta decisión. En una nota, el Ministerio Público europeo señala que tras una investigación «exhaustiva» en la que los Fiscales Europeos Delegados tomaron diversas declaraciones; analizaron la documentación aportada por los declarantes; comprobaron la autenticidad de las fotografías de las mascarillas entregadas; requirieron información a diversas entidades como la Agencia Tributaria, el SERMAS o la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR); recabaron informes de la Guardia Civil y nombraron un perito que fundamentó la documentación, «se ha archivado el procedimiento por no concurrir indicios necesarios de la comisión de un delito».
En particular, no ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera «desproporcionado» atendida la calidad del material ofertado y entregado. Tampoco que hubiera sufrido un «incremento indebido» derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa, en referencia del hermano de Díaz Ayuso. Finalmente, ha quedado acreditado que el transporte del material de China a España fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid.
234.203 euros por la mediación
Por este servicio comercial, Tomás Díaz Ayuso cobró 234.203 euros: 175.000 provenientes de los trabajos realizados para Priviet y 59.203 euros por un bonus pactado con la mercantil de su amigo Daniel Alcázar para la obtención del citado contrato.
Las pesquisas de las Fiscalía Europea fueron abiertas en su día para examinar el correcto uso de los fondos europeos por parte de la Comunidad de Madrid, ya que las mascarillas se pagaron con una partida de los Feder (fondos de desarrollo regional).
En el caso de las diligencias de Anticorrupción, se determinó que Isabel Díaz Ayuso no intervino en el procedimiento de adjudicación del contrato porque el Consejo de Gobierno «no es un órgano de contratación de la Comunidad de Madrid». Además, sostuvo que la dirigente del PP no se prevalió de su posición para influir que se aceptara la oferta de Priviet Sportive (especializada en productos textiles) ni existió incompatibilidad para elegir a esta mercantil pese a la intervención de su hermano.
La venta de estas mascarillas fue el origen de a crisis interna del PP que desembocó en la salida de Pablo Casado y la convocatoria de un congreso en el que Alberto Núñez Feijóo se convirtió en el nuevo presidente del partido.
