Los distintos colectivos transexuales y LGTBI van a redoblar sus presiones al Gobierno esta semana para conseguir que el anteproyecto de ley que garantizará sus derechos y su igualdad real no se deja fuera ni una sola de las reivindicaciones que fijaron como indispensables cuando colocaron esta reforma en la agenda política española hace ya más de un año. Las prisas se deben a que el Ejecutivo, tras desatascar la semana pasada el punto que bloqueó durante cuatro meses las negociaciones entre ministros socialistas y de Podemos, quiere dar el visto bueno al borrador de ley en el Consejo de Ministros del 29 de junio, justo antes de los actos centrales del Orgullo.
El desbloqueo se logró gracias a las cesiones políticas por parte de los dos socios de Gobierno, que aceptaron las propuestas de mediación que les realizaron la Federación LGTB (Felgtb), la Fundación Triángulo y Chrysallis, la principal organización de familias de menores trans.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, y los colectivos LGTBI lograron que los socialistas admitiesen en la práctica la autodeterminación de género de los trans, es decir que puedan cambiar el nombre y sexo en el Registro Civil con solo pedirlo expresamente, sin los informes médicos ni el inicio de tratamientos hormonales exigidos en la actualidad.
Los ministros del PSOE, por su lado, lograron que las leyes LGTBI y Trans sean una sola y que la autodeterminación incluya un período de reflexión de tres meses, al cabo de cual la persona transexual debe ratificar oficialmente su petición de cambio de sexo para que se materialice.
Además, fijaron que la libre determinación del sexo será total desde los 16 años –desde los 14 con el permiso de los padres–, pero que por debajo de los 12 años no se autorizará el cambio de sexo registral y que de los 12 a los 14 se tendrá que hacer mediante un proceso en un juzgado civil.
Reconocimiento a los no binarios
De aquí al próximo 29 de junio, los tres colectivos LGTBI implicados en la negociación directa del anteproyecto se plantean lograr que el texto que apruebe el Gobierno incluya al menos otros dos mínimos.
El primero, que los socialistas extiendan la autodeterminación de género con permiso paterno hasta los 12 años, esquivando así la intervención del juez civil.
Y el segundo, que la ley establezca que las lesbianas, los bisexuales y cualquier persona con capacidad para gestar –lo que incluye a los trans– tenga autorizado un tratamiento público de reproducción asistida.
La cartera de reclamaciones principales también incluye que se dé una visibilidad y una atención especial a la violencia entre parejas del mismo sexo, que la cartera básica sanitaria recoja todos los tratamientos específicos que precisan los colectivos LGTBI –como los hormonales de los trans–, y que la ley reconozca una tercera opción sexual, la de los no binarios. Para ello tienen negociaciones con los ministerios de Igualdad y Justicia.
La Federación Plataforma Trans y otras organizaciones de familias de niños trans tratan de lograr similares objetivos, pero con una presión más basada en la movilización y la protesta en la calle y con un discurso más drástico. Aseguraron ayer que no aceptarán ley alguna que no permita la autodeterminación de género a los menores trans sin límite de edad, que no incluya a los no binarios, y que no permita cambiar el sexo registral a los inmigrantes transexuales. Siguen reclamando que si el PSOE no cumple sus exigencias, se le declare non grato en la manifestación del Orgullo.
El borrador de ley impulsada por Igualdad ya incluye que los niños trans cambien su nombre libremente en el registro sin límite de edad, autoriza que la pareja de una lesbiana que ha dado a luz sea consignada como segundo progenitor solo con pedirlo, prohíbe con grandes multas las supuestas terapias para ‘curar’ la homosexualidad, establece protocolos contra el acoso por LGTBfobia, y obliga a que los colegios traten al niño trans según su sexo sentido.