Un informe de los Mossos d’Esquadra certifica que los expresidentes de la ANC Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie fueron espiados a través de sus teléfonos móviles con el software Pegasus entre los años 2015 y 2020. Ambos, junto con la exmiembro del Secretariado de la entidad, Sònia Urpí, han declarado este miércoles en un juzgado de Barcelona que investiga la querella presentada por el espionaje. Otros dos dirigentes de la ANC también presentaron la querella, aunque no se ha podido certificar que fueran espiados, aunque existen algunos indicios. Sànchez y Paluzie han solicitado a la jueza que investigue quién ordenó el espionaje y si estaba autorizado judicialmente. En todo caso, han denunciado la “represión política” contra el independentismo catalán.
En mayo de 2022, la ANC presentó la querella, aunque no iba dirigida contra ningún cargo u organismo específico del Estado. En ese momento, y con el informe de Citizenlab, se determinó que los afectados eran Paluzie, con cuatro ataques y una infección probada entre 2019 y 2020; Sànchez (26 ataques entre 2015 y 2017 y cuatro infecciones probadas), y los secretarios nacionales Sònia Urpí (dos ataques con SMS en junio de 2020 y una infección probada) y Arià Bayé (un SMS en 2020); además del miembro de base de la entidad Jordi Domingo (víctima vía WhatsApp en 2019).
Ahora, el informe de los Mossos certifica que Sànchez recibió al menos 19 ataques. El primero fue en septiembre de 2015, cuando acababa de ser elegido presidente de la ANC pero aún no se había ni acordado un referéndum independentista. La mayoría de los ataques ocurrieron entre ese momento y octubre de 2017, cuando fue encarcelado junto con el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. El último ataque tuvo lugar entre junio y julio de 2020, cuando disfrutaba de un permiso penitenciario. Los Mossos han corroborado que en septiembre y octubre de 2017 su móvil sufrió extracción de información.
De Paluzie se analizaron dos teléfonos móviles. En el primero, recibió dos ataques por SMS en agosto de 2019, poco antes de la sentencia del juicio en el Supremo contra la cúpula independentista, y un segundo a finales de octubre de ese año, justo después de la sentencia y de las movilizaciones en contra. El segundo SMS era del tipo ‘zero-click’, donde no es necesario que el usuario abra el enlace recibido para ser infectado. Paluzie cambió de móvil entonces, pero en mayo y junio de 2020, en plena pandemia y alrededor de las elecciones al secretariado de la entidad que presidía, recibió por SMS dos enlaces a supuestas noticias de dos medios de comunicación diferentes donde se hablaba de la ANC y sus elecciones.
Urpí fue atacada, como Paluzie, en junio de 2020, en el contexto de las elecciones al secretariado nacional de la entidad, cuando fue elegida miembro del órgano de dirección aunque aún sin un cargo específico.
Con este informe sobre la mesa de la magistrada del juzgado de instrucción número 23, Sànchez, Paluzie y Urpí, junto con el actual miembro del Secretariado Nacional de la ANC Josep Cruanyes, han denunciado públicamente que este espionaje “masivo y desproporcionado” a decenas de independentistas catalanes afecta también a la ciudadanía catalana, ya que puede desincentivar el activismo político por miedo a ser espiados. Por ello, piden que la justicia profundice en el asunto, que investigue quién compró el software a la compañía israelí NSO, quién lo utilizó y quién lo autorizó, si es que fue autorizado por algún juez, y con qué argumentos. Advierten que, si es necesario, llegarán hasta los tribunales europeos para que se conozca la verdad.
Han solicitado a la magistrada instructora que cite a declarar a la directora del CNI, que ya lo hizo en la causa abierta por el espionaje al expresidente de la Generalitat Pere Aragonès, aunque por ahora la jueza solo ha pedido colaboración de las autoridades de Israel y Luxemburgo, donde NSO tiene sedes. Paluzie ha recordado que la comisión PEGA del Parlamento Europeo estableció el derecho de los infectados a conocer la motivación de la resolución judicial que habría autorizado el espionaje.
También lamentan que hayan pasado tantos años y que algunos de los teléfonos infectados ya no estén disponibles para ser analizados, y recuerdan que algunos de los afectados solo tenían un teléfono móvil para su vida privada, profesional y activista.
