Algunos establecimientos podrán poner el aire acondicionado a una temperatura inferior a la marcada en el real decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado el pasado lunes por el Gobierno. Concretamente, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, precisó ayer en una entrevista en la radio que se podrá limitar al «entorno de los 25 grados» para asegurar el cumplimiento de la legislación laboral.
Aunque la normativa aprobada impone un mínimo para los establecimientos de 27 grados de temperatura, esta se aplicará «con flexibilidad» en aquellos negocios donde los empleados estén en continuo movimiento, como restaurantes, discotecas, cocinas o gimnasios. «No se puede pedir a trabajadores que están en condiciones de ejercicio físico importante que no tengan las condiciones que el derecho laboral garantiza con respecto a los máximos y mínimos de temperatura», señaló la ministra, que puso como ejemplo que no se puede exigir la misma temperatura en una discoteca que en una librería.
Así, el Gobierno acepta las reivindicaciones de las asociaciones de hosteleros, que desde la aprobación de la medida reclamaban que el derecho laboral les permitía trabajar a 25 grados, dos menos que lo previsto en la norma. Eso sí, comercios y establecimientos deberán justificar la causa por la que no aplican el límite de temperatura fijado, aunque se les dé esa «flexibilidad» para «proteger los derechos de la salud laboral» de sus trabajadores, señaló Ribera. En este sentido, diferenció entre los trabajos sedentarios -como una oficina- de los activos -como un restaurante-, aunque incidió en que el real decreto «está para cumplirse» pero siempre teniendo en cuenta el respeto por las condiciones laborales.
Los establecimientos que quieran bajar la temperatura deberán justificar el motivo
El presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, considera que las medidas son «razonables» y que el sector las cumplirá sin problema, más ahora que se ha confirmado lo que ellos defendían desde que se aprobó el decreto: su límite de temperatura máxima en verano seguirá siendo 25 grados según un decreto del año 1997 donde se fijan las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
A esta norma hacía referencia la Comunidad de Madrid al denunciar que el decreto «incumple» los convenios de hostelería y comercio que «indican que no pueden haber más de 25 grados en el puesto de trabajo».
El plan de la Unión Europea ante la falta de suministro energético es reducir al máximo el consumo de gas y para ello todos los países están buscando soluciones en otras tecnologías, incluso las que hasta ahora estaban destinadas al cierre, como las centrales térmicas de carbón. Este sistema emite una cantidad de CO2 a la atmósfera que no es compatible con ninguno de los objetivos europeos medioambientales, pero que ante la crítica situación en algunos países ultradependientes del gas ruso, como Polonia o Alemania, sería una solución.
Pero España está fuera de esta posibilidad. Teresa Ribera dijo ayer que la propuesta de reapertura de las centrales de carbón ha quedado prácticamente descartada ya que «no están preparadas para quemar carbón en condiciones de seguridad» cumpliendo con la normativa medioambiental. De hecho, solo se podría plantear en la central gallega de As Pontes, para la que el Gobierno ha pedido a Red Eléctrica que elabore un informe en el que se detalle si su reactivación contribuiría a la producción de energía de forma eficiente.