El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del 'procés', Pablo Llarena, rechazó ayer los recursos contra la resolución que supuso el procesamiento del expresidente catalán Carles Puigdemont por los delitos de desobediencia y malversación agravada. El juez tomó esta decisión tras revisar las consecuencias de la reforma impulsada por los grupos parlamentarios en el Gobierno, que derogó la sedición y cambió la malversación.
El magistrado de la Sala Segunda decidió el pasado 12 de enero eliminar la sedición a Puigdemont pero mantuvo la malversación, que fija penas de cuatro a doce años de prisión, e incluyó además la desobediencia: que no contempla cárcel pero sí la inhabilitación de hasta dos años.
Además, dejó sin efecto la euroorden dictada contra el líder independentista, aunque decidió mantener la petición de busca y captura en territorio nacional a la espera de que la Justicia europea se pronuncie sobre la inmunidad del actual europarlamentario.
Llarena también revisó los casos de los exconsellers catalanes Toni Comín y Lluis Puig, a los que procesó igualmente por desobediencia y malversación, y los de Clara Ponsatí y Marta Rovira, a las que achacó desobediencia.
El juez reitera ahora que los procesados por malversación deben serlo en su actual versión agravada, que no puede ser evaluada como una voluntad de enriquecimiento personal, sino como la intención de obtener cualquier beneficio, aprovechamiento o satisfacción a través de la voluntad de disponer de fondos públicos «a título de dueño».
Referéndum ilegal
En otro de los procedimientos abiertos sobre el 'procés', la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que instruye para los aforados el Tribunal Superior de Cataluña (TSJC), la Abogacía del Estado presentó ayer su escrito de acusación.
Reclama tres años y medio de prisión para Josep Maria Jové por malversación y siete más de inhabilitación por desobediencia. Jové, actual jefe del grupo de ERC en el Parlament, fue junto a Lluís Salvadó uno de los cerebros del 1-O. Pero en el caso de Salvadó, actual presidente del Puerto de Barcelona, la Abogacía pide exculparlo. Ambos eran estrechos colaboradores de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía durante el 'procés'.
La diferencia entre los escritos de Fiscalía y Abogacía es la interpretación de la malversación en el caso de Jové tras la reforma penal, ya que los servicios jurídicos dependientes del Ministerio de Justicia optan por la versión atenuada. De igual modo, para la consejera de Cultura Natalia Garriga, procesada en este caso, la Abogacía pide un año de inhabilitación por desobediencia, igual que la Fiscalía. Otro juzgado de Barcelona está pendiente de enjuiciar a 30 ex altos cargos del Govern por estos mismo hechos.