Se acercan curvas en la política catalana. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dejó este miércoles a un paso de ir a juicio por corrupción a la presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs. El juez instructor ha dado por concluida la investigación y ha acordado dar traslado al Ministerio Fiscal para que en diez días presente petición de apertura de juicio oral y escrito de acusación o petición de archivo, en relación al procedimiento abierto contra la propia Borràs y otras tres personas.
Se les imputan a todos ellos los presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos, en el caso de Borras cuando la presidenta de Junts era directora del Institut de les Lletres Catalanes (ILC), organismo de la Generalitat. En el mes de marzo ya se dio por concluida la instrucción, pero el juez estimó un recurso de la líder de Junts y amplió el plazo para la Fiscalía. Si la presidenta del Parlament es procesada y tiene que sentarse en el banquillo, como todo apunta, tendrá que cesar de su cargo en la Cámara autonómica. Según el artículo 25.4 del hemiciclo catalán, en caso de que un diputado autonómico sea procesado por delitos vinculados a la corrupción -como es este caso- «la Mesa del Parlamento, una vez sea firme el auto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento del mismo, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata».
Pero Borràs lleva meses avisando de que no tiene intención de cesar del cargo si es procesada, pues se siente víctima de la «represión del Estado». Por este motivo ERC y la CUP, que son los que la invistieron, deberán tomar una decisión, que si implica su destitución puede hacer saltar por los aires la legislatura catalana. En un auto de 33 páginas y muy contundente, el juez mantiene la imputación a la dirigente nacionalista, que está acusada de fraccionar contratos para poder adjudicarlos a dedo a un amigo, durante su etapa al frente del (ILC). Son un total de 18 acuerdos, de menos de 18.000 euros cada uno. El magistrado no tiene duda de que hay indicios «acreditados» para acusarles de los delitos de prevaricación, malversación, fraude administrativo y falsedad en documento mercantil.
«Abusó» del cargo
«El fraccionamiento de contratos administrativos con el fin de burlar a los controles legales integra un delito de prevaricación», señala el magistrado. A su juicio, Laura Borràs «abusó« de las funciones que tenía reconocidas en calidad de directora de la ILC, «dictando resoluciones injustas al aprobar las adjudicaciones de los dieciocho contratos, con plena conciencia de que las adjudicaciones entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público, omitiendo una verdadera concurrencia para únicamente favorecer los intereses» de su amigo Isaías H, «en detrimento de la defensa de los intereses generales que debía defender». «Las comunicaciones electrónicas mantenidas entre Laura Borràs e Isaías H. son indicios suficientemente sólidos de la concertación entre ambos para defraudar a la ILC», señala el auto. En los dieciocho contratos menores bajo sospecha, Laura Borràs «intervino en su condición de directora de la ILC, proponiendo la contratación, acordando la adjudicación, aprobando el gasto, certificando la ejecución del servicio, conformando la factura correspondiente y autorizando finalmente el pago», según el juez. Eran contratos adjudicados a Isaías H para una web de la ILC.