El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elevó este miércoles hasta 942 las rebajas de condenas a agresores sexuales por la aplicación de la ley del 'solo sí es sí' y a 103 las excarcelaciones derivadas de la misma.
El órgano de gobierno de los jueces llevaba desde el 2 de marzo sin actualizar estos datos -que podrían ser mayores, como precisaron, porque aún hay audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia pendientes de informar- y la noticia irrumpió en plena recta final de la reforma de la norma, que será votada el jueves 20 de abril en el Parlamento, una vez se diriman las enmiendas en la ponencia y la comisión de Justicia, el lunes y el martes.
En el desenlace de una crisis que se inició el 8 de diciembre, cuando Pedro Sánchez dio la orden de reformar la ley a los ministerios de Igualdad y de Justicia, los socialistas son ahora conscientes de que van a tener que sudar más de lo que pensaban. Sobre todo después de que el PP, del que creían tener la mano tendida, les exija discutir, al menos, las enmiendas que registraron el lunes y con las que buscan subsanar «dos agujeros graves» que dicen haber encontrado relativos al tratamiento de menores o la difusión de imágenes a través de dispositivos móviles.
En el PSOE mantienen su intención de que se apruebe la propuesta que registraron en solitario en febrero sin modificarla y defienden que su reforma es «la única que consigue de forma eficaz, integral e inequívoca» corregir los fallos de la ley y proteger a las víctimas «sin márgenes de error». Pese a este convencimiento, este miércoles reconocieron que mantienen contactos con «todos» los grupos parlamentarios con representación en el Congreso, una percepción que fuentes de Podemos consultadas por este periódico rebajaron, en su caso, a «contactos informales».
Independientemente del nivel que haya alcanzado la negociación, este miércoles el ambiente entre partidos se ensombreció por la actualización de los datos del CGPJ, que dio alas a los populares para redoblar las críticas ante lo que ya definen como el «escándalo más grave de la legislatura», como afirmó su portavoz de campaña, Borja Sémper.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, avisó al Gobierno de que «por esto pasarán a la historia». «Son los efectos de las leyes de (Pedro)Sánchez, dedicado en exclusiva a proteger a sus socios y resistir en el poder. Indecente», zanjó.
Pero las críticas no vienen solo de un lado del tablero. Desde el ala izquierda, la ministra de Igualdad, Irene Montero, intensificó la presión hacia el PSOE para que negocie las enmiendas sobre la proposición de reforma de la ley del 'solo sí es sí' que el grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso registró también el lunes. Al mismo tiempo, insistió en culpar al socio mayoritario del Gobierno de «alejarse de la mayoría de la investidura para pactar con el PP».
Una relación que, en un primer momento, negaron desde Ferraz aludiendo que su propuesta era la «correcta», pero que a base de ser repetida por los morados y después de evidenciarse que los votos de los populares serán cruciales, han acabado aceptando a regañadientes. Fuentes del grupo parlamentario socialista constatan que el partido no tiene «problema en sacarlo adelante con el PP» porque el objetivo mayor «es cerrar la puerta que se ha abierto a las revisiones de condenas».
Pero para Irene Montero «es muy curioso» que los socialistas digan que «no ha encontrado un acuerdo con la mayoría de la investidura para subir las penas» cuando, prosigue, «las propuestas que Unidas Podemos está haciendo son para eso». Por ello, la número dos de Podemos insinuó que «ese no es el problema», al tiempo que insistió en la voluntad de su grupo de «buscar un acuerdo» con los socialistas «hasta el último minuto».
Unidad en el espacio morado
La titular de Igualdad también desdeñó la posibilidad del que el grupo parlamentario de Unidas Podemos (formado por Podemos, Izquierda Unida y los comunes) pueda romperse en la votación del 20 de abril por la división que el lanzamiento de la candidatura de Yolanda Díaz a la Moncloa ejerce sobre todo el espacio político. Mientras la vicepresidenta segunda mantiene el perfil bajo del que ha hecho gala durante toda la polémica y promete votar lo mismo que consensúen el resto de sus compañeros de bancada, Irene Montero se mostró convencida de que en «en todo Unidas Podemos se comparte que el consentimiento es un derecho y tiene que estar en el Código Penal». «No hay un debate sobre esto; al contrario, es una seña de identidad defender la ley del 'solo sí es sí‘ y el consentimiento», añadió.
Al margen de la aritmética parlamentaria y el resultado de la reforma, también está previsto que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebre los próximos 6 y 7 de junio un pleno monográfico para fijar criterio sobre las revisiones efectuadas por los tribunales sentenciadores a causa de la reforma penal.
Será la primera vez que el alto tribunal entre a analizar si los jueces han aplicado correctamente la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual en sus revisiones de condenas. Hasta ahora, los magistrados han contrastado la norma con casos cuya sentencia aún no era firme. Ahora, deberán fijar doctrina sobre los recursos de casación -solo la Fiscalía ha presentado ya un centenar- contra la atenuación de penas.
