Un innovador estudio cifra en 63.079 millones de euros el coste anual de la pobreza infantil en España, lo que equivale al 5,1% de del PIB español. El informe, realizado para el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil y la Fundación 'la Caixa' y elaborado por la Universidad de Alcalá (Madrid) y la Pompeu Fabra de Barcelona, estima en 1.300 euros por persona la factura del problema.
La investigación, pionera en España al medir en términos cuantitativos el impacto económico del fenómeno, calcula que un 27% de los menores españoles viven bajo el umbral de la pobreza y denuncia que esta lacra se ensaña no solo contra los niños, sino contra el conjunto de la sociedad. Además de suponer un atentado a la inequidad, es ineficaz económicamente.
De acuerdo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para atajar esta escandalosa desigualdad es preciso aprobar políticas públicas, ya que la «mano invisible del mercado» se ha mostrado inservible. Sánchez, que consideró «demoledoras» las conclusiones del informe, subrayó que los damnificados por la pobreza infantil tienen más dificultades para progresar en los estudios y adolecen de más precariedad en el mercado laboral cuando llegan a la vida adulta.
Sánchez deploró la terrible injusticia que supone que el «destino de un ser humano esté marcado de antemano por el lugar en el que viene al mundo». Al evento, que tuvo lugar este lunes en el auditorio de CaixaForum en Madrid, asistió la vicepresidenta Nadia Calviño y el alto comisionado, Ernesto Gasco.
Rumanía y Bulgaria Más de dos millones de niños malvivían bajo el umbral de la pobreza en España antes de que irrumpiera el coronavirus, con las consecuencias devastadoras que ello supuso para las clases populares. Solo Rumanía y Bulgaria se encontraban por delante de España en esta clasificación.
Lo grave del asunto es que casi uno de cada cuatro niños vive en una situación de pobreza crónica, una situación que creció en más de un 70% entre 2006 y 2016. «La pobreza infantil en España se ha vuelto, por lo tanto, mucho más crónica de lo que era a principios de este siglo», sostienen las autoras del análisis, Olga Cantó, catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alcalá, y Libertad González, profesora de la Universidad Pompeu Fabra.
«Mantener índices de pobreza infantil tan altos genera que seamos un 5% más pobres todos los ciudadanos de este país», sentenció Ernesto Gasco. Los efectos del problema tienen efectos visibles. Las personas que sufrieron pobreza en la adolescencia tienen un 12% menos de probabilidad de trabajar con contratos indefinidos y un 14% más de hacerlo con contratos temporales. A causa de esta rémora, los menores, cuando crecen e ingresan en el mercado laboral, se colocan en empresas empleos peor remunerados, tienen más dificultades de encontrar un empleo y han de sumar horas en su jornada para conseguir un salario que les permite llegar a fin de mes.
Para la vicepresidenta primera Nadia Calviño, «un país rico como España no puede tener niños pobres, por una cuestión de justicia social pero también de racionalidad económica». Y es que de forma agregada, para el conjunto del país, las expertas creen que el coste en el ámbito laboral priva a todos los españoles de «unos 57.000 millones de euros» al año.
«En España, las personas que han estado en situación de pobreza en sus primeros años de vida ganan, en promedio, 5.130 euros brutos menos al año que aquellas que no han estado en esta situación», se dice en el estudio. Ello es especialmente perjudicial para las mujeres, que dejan de ganar, de media, unos 600 euros brutos más al año», destaca el análisis.
Por añadidura, las víctimas presentan un 36% más de probabilidades de sufrir exceso de peso y un 12% más de padecer una depresión. La factura de un peso insano se cuantifica en 5.500 millones de euros anuales y en unos 579 millones de euros en el caso de depresión. Así las cosas, el coste en términos de salud es de 6.079 millones, un 0,5% del PIB.
A la luz de la investigación, las penurias en la infancia se traducen en más visitas médicas, diagnósticos, tratamientos preventivos o de rehabilitación, incapacidad temporal, pérdida de productividad y muerte prematura.
La merma de «ingresos potenciales» socava la recaudación de los impuestos sobre la renta (IRPF) y las cotizaciones sociales. «El Estado recauda casi 3.000 euros menos por persona en impuestos y en cotizaciones relacionadas con el trabajo a causa de la pobreza infantil», resalta el informe.
Antes de la crisis económica de 2008, casi uno de cada dos afectados vivía en el sur de España. La distribución de damnificados ha experimentado cambios y ahora uno de cada tres niños vive en algunas de las comunidades más ricas, como Cataluña, donde ha pasado del 10% al 19%, o en la Comunidad de Madrid (del 13% al 17%).
