La mayoría de la Junta de Fiscales de Sala ha respaldado la decisión de Álvaro García Ortiz de continuar como fiscal general del Estado tras ser imputado por el Tribunal Supremo, y tan solo ocho de los 31 fiscales que han participado han pedido su dimisión, informan fuentes fiscales.
Este miércoles, García Ortiz se ha convertido en el primer fiscal general imputado por el Supremo en democracia, por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La Junta, que suele tratar cuestiones más técnicas, no se ha convocado a modo de plebiscito ni para lograr apoyos puesto que no se ha planteado en ningún momento una votación al uso, al contrario, es «meramente explicativa o informativa», según informan fuentes fiscales, que recuerdan que este órgano que reúne a la cúpula fiscal está compuesta por 35 fiscales de Sala, incluido García Ortiz.
El primero en tomar la palabra ha sido el fiscal general, que se ha mostrado firme en su decisión de continuar en el cargo en defensa de la propia institución, pese a la presión de una parte de la carrera fiscal, la más conservadora, para que deje el cargo.
En una breve intervención de apenas 15 minutos, ha defendido su actuación y ha trasladado que él no fue quien filtró los correos a los medios antes de la nota informativa y que, en todo caso, se tiene que probar su culpabilidad.
Los primeros ocho fiscales que han tomado la palabra tras él lo han hecho para mostrarle su apoyo, entre ellos, la fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, Maria Jose Segarra, el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, y el fiscal jefe del Constitucional, Pedro Crespo.
Después, un grupo de fiscales de sala que se mantiene enfrentado a García Ortiz por su decisiones sobre la amnistía y ciertos nombramientos, han reclamado que dimita por el bien de la institución tras ser imputado por el tribunal más alto del Estado por un delito que conlleva hasta cuatro años de prisión.
En concreto, han sido ocho los fiscales que han pedido su dimisión, entre ellos, los cuatro fiscales del procés - Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno- el exmagistrado del Constitucional y fiscal del Supremo, Antonio Narváez; la fiscal de delitos informáticos, Elvira Tejada; el fiscal de sala de Menores, Javier Huete; y José Miguel de la Rosa.
Se da la circunstancia de que Zaragoza y Madrigal - esta última ayer mismo- ya habían pedido públicamente su dimisión por estos hechos.
En total, han intervenido mas de una veintena de fiscales, la mayoría de los cuales han mostrado su apoyo personal a la decisión del fiscal general de continuar al frente de la institución, han añadido las fuentes, que han destacado el buen clima del encuentro.