La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha rechazado citar como investigada a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en el marco de la investigación abierta por la gestión de la Dana del pasado 29 de octubre, que causó la muerte de 227 personas y dejó una desaparecida.
La decisión, recogida en un auto notificado este martes, responde a la solicitud de una de las acusaciones populares. La magistrada fundamenta su negativa en la normativa vigente, que establece que el Consell es el “órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunidad Valenciana en el ámbito de sus competencias”. Según la instructora, con la petición “se pretende obviar de forma total la distribución competencial expuesta, efectuando un salto de la competencia autonómica en protección civil a la estatal, como base de la responsabilidad del Gobierno central”.
Además, la jueza ha dictado este mismo día otros dos autos. En uno de ellos, rechaza otra solicitud de una acusación popular que pedía acceder a las grabaciones de matrículas de vehículos que entraron en el Centro de Coordinación de Emergencias entre las 16:30 y las 23:59 horas del día de la Dana. En el segundo, ordena la acumulación de denuncias y diligencias procedentes de otros juzgados que se han inhibido en favor del de Catarroja, dentro de una pieza separada.
El juzgado también ha emitido una providencia en la que informa de la recepción de un atestado de la Guardia Civil relacionado con el fallecimiento de dos agentes en el cuartel de Paiporta durante la catástrofe. Asimismo, comunica la renuncia de una representación letrada a ejercer la acusación particular en nombre de familiares de 64 de los fallecidos.
La misma providencia incluye la citación como perito de una catedrática de Geografía Física de la Universitat de València, la incorporación a la causa de vídeos aportados por personas afectadas y la elaboración de informes por parte del Instituto de Medicina Legal sobre las secuelas psíquicas y daños morales sufridos por los familiares de las víctimas.
Desde el inicio de la instrucción, el Juzgado de Catarroja ha tomado cerca de 250 declaraciones testificales, en su mayoría a familiares de las víctimas. Actualmente, hay unas 40 acusaciones personadas en la causa: ocho ejercen la acción popular y el resto la acusación particular.
