La Fiscalía Superior de Catalunya ha comunicado que no se opone a la suspensión del ingreso en prisión de la expresidenta del Parlament Laura Borràs mientras se tramita su petición de indulto por el caso de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En un escrito, el ministerio público señala que, “con la finalidad de evitar posibles perjuicios a la condenada en caso de que se resolviera favorablemente la petición de indulto, no se opone a la suspensión del cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta, siempre que este tribunal eleve al gobierno la petición de indulto acordada”.
Borràs fue condenada a cuatro años y medio de prisión, 13 de inhabilitación y 36.000 euros de multa por prevaricación y falsedad documental.
Borràs adjudicó a un conocido suyo, mediante 18 contratos menores valorados en 335.700 euros, la elaboración de varias páginas web de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que dirigió entre 2013 y 2018.
Dado que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en su sentencia inicial, propuso al gobierno español el indulto parcial para la pena de prisión hasta el tiempo que excediera de dos años, la fiscalía propone que el resto de la pena, junto con la multa y la inhabilitación para cargo público, se empiece a cumplir. El Supremo confirmó la condena, pero descartó proponer el indulto, que Borràs sí ha solicitado.
En cuanto a los otros dos condenados, la fiscalía también pide flexibilizar las condenas. Fueron condenados a 24 y 14 meses de prisión, inhabilitación y multas.
Isaías Herrero, informático conocido de Borràs, fue condenado, como cooperador necesario de un delito continuado de falsedad en documento oficial y coautor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, a dos años de prisión, un año y diez meses de inhabilitación para contratar con las administraciones públicas, y 2.100 euros de multa. El ministerio fiscal tiene en cuenta su “colaboración y arrepentimiento” mostrados durante el juicio y que ha acreditado haber superado su adicción a las drogas, lo que llevó a los Mossos a descubrir las irregularidades en la ILC. Herrero ya ha pagado la multa, y por todo ello la fiscal solicita que se sustituya el ingreso en prisión por trabajos en beneficio de la comunidad.
Andreu Pujol, otro informático que ayudó a Herrero a presentar presupuestos y facturas falsas, fue condenado, como cooperador necesario de un delito continuado de falsedad en documento oficial y como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, a un año y dos meses de prisión, un año de prohibición de contratación con la administración y 2.250 euros de multa. La fiscalía también solicita suspender el ingreso en prisión y no se opone a ampliar los plazos para pagar la multa, ya que la empresa de Pujol ha sido declarada en concurso de acreedores y se ha disuelto por insolvencia.
