Los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eligen este martes a su nuevo presidente -que también presidirá el Tribunal Supremo- y cierran así una inédita etapa de interinidad, tras más de cinco años y medio de bloqueo político a la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
El jueves, el mismo día en el que juraron o prometieron su cargo ante el rey en la Zarzuela, los vocales celebraron la sesión constitutiva del CGPJ y propusieron a siete magistrados del Supremo como candidatos a la presidencia, cinco mujeres y dos hombres.
Se trata de Ana Ferrer, Pilar Teso, Ángeles Huet, Esperanza Córdoba, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Antonio del Moral.
Teso ha pasado ya por ese trámite, ya que en 2013 aspiró a presidir el CGPJ junto a Carlos Lesmes, quien finalmente fue elegido por la mayoría conservadora del CGPJ.
Ahora las fuerzas están equilibradas -el PP propuso a diez vocales y el PSOE a otros diez- con lo que el futuro presidente deberá tener apoyos de ambos grupos. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el presidente debe contar con el respaldo de al menos tres quintos de los vocales (doce votos).
Entre las tareas más urgentes del nuevo CGPJ estará el nombramiento de un centenar de cargos en la cúpula judicial, vacantes tras las reforma que prohibió a este órgano hacer nombramientos discrecionales estando en funciones.
Tendrá además seis meses para proponer una reforma del sistema de elección del Consejo, uno de los puntos acordados por el PP y el PSOE en el marco de la reforma judicial que concluye esta semana su tramitación en el Senado.
Freno a las puertas giratorias
El pleno de la Cámara Alta aprobará de forma definitiva el miércoles 31 de julio la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal pactada por los dos principales partidos y con la que el PP se avino a renovar el CGPJ tras un bloqueo histórico.
Después de haber recibido el visto bueno del Congreso de los Diputados en una tramitación parlamentaria de urgencia, esta proposición de ley será previsiblemente el único punto de debate y votación en el último pleno de las Cortes en este curso político.
En una disposición adicional se da un plazo de seis meses al nuevo CGPJ para plantear al Parlamento y al Gobierno una propuesta de reforma de su método de elección, que tendrá que ser aprobada por tres quintos de los vocales.
Un nuevo modelo adecuado a los estándares europeos y "con la participación directa de jueces y magistrados que se determine" para que, en base a él, se elabore un proyecto o proposición de ley "para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación" en las Cortes.
La iniciativa eleva además a veinte años el tiempo de carrera exigido a un juez que aspira a ser nombrado magistrado del Supremo y pone límites a las puertas giratorias entre la justicia y la política: los jueces que participen en política no podrán regresar al servicio activo hasta pasados dos años y no podrá ser nombrado fiscal general del Estado quien haya ostentado un escaño o un cargo político en los últimos cinco años.
Fuentes de Vox han confirmado a EFE que presentarán un veto (enmienda a la totalidad) con texto alternativo a la iniciativa, como ya hicieron en el Congreso, aunque en este caso tampoco saldrá adelante por falta de apoyos.
Este veto se verá en las reuniones de la ponencia y de la comisión de Justicia previstas en el Senado el martes 30, el mismo día en el que los vocales del nuevo CGPJ elegirán a su nuevo presidente.
