La Comisión Europea (CE) propuso ayer armonizar la legislación y las penas para los responsables del tráfico de migrantes en la Unión Europea (UE), de manera que los casos más graves, por ejemplo la muerte de migrantes en las travesías, se pueda castigar con una pena máxima de al menos 15 años de prisión.
Ello supondrá endurecer las penas para este tipo de delitos, que en la legislación vigente se sitúan en los 8 años, indicó la Comisión en un comunicado.
Bruselas presentó ayer sendas propuestas (una directiva y un reglamento) para actualizar el marco legislativo actual, que tiene veinte años.
El objetivo es ayudar a perseguir y sancionar a las redes delictivas responsables del tráfico de personas y extender la jurisdicción a los casos en los que ciudadanos de fuera de la UE pierden la vida, como ocurre cuando los barcos que utilizan esas redes se hunden en aguas internacionales, dijo la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, en rueda de prensa. La presentación de la nueva normativa coincidió con la celebración de una conferencia internacional de alto nivel en Bruselas con el objetivo de impulsar la cooperación contra el tráfico de migrantes.
Según la Comisión, esas redes, que se dedican simultáneamente al contrabando de drogas y de armas, obtienen beneficios de sus actividades delictivas en todo el mundo que oscilan entre los 4.700 y 6.000 millones de euros al año (5.100-6.600 millones de dólares).
La UE registró en 2022 alrededor de 331.000 entradas irregulares en sus fronteras exteriores, más del 90 % a través de redes de tráfico de personas.
Por otra parte, la pérdida de vidas en esas peligrosas travesías es una constante y solo en el Mediterráneo se han ahogado o han desaparecido más de 28.000 personas desde 2014, según datos de la Comisión.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, invitó hoy, en la inauguración de la conferencia internacional, a crear una alianza global contra el tráfico de migrantes, un «desafío común» que trasciende fronteras.
Nuevo marco legal
La Comisión Europea propuso ayer martes mejorar su marco legislativo con normas mínimas para prevenir y contrarrestar el hecho de ayudar a la entrada, el tránsito y la estancia no autorizadas en la UE.
Por un lado, la nueva normativa revé perseguir eficazmente las redes delictivas organizadas, con una definición más clara del delito de contrabando para centrarse en actividades motivadas por un beneficio financiero o material o con altas probabilidades de causar daños graves a una persona.
La instigación pública a trasladarse a la UE sin autorización también se convertirá en un delito penal e incluirá la publicidad hecha a través de herramientas digitales y redes sociales.
La comisaria de Interior precisó que el objetivo es atacar las redes delictivas y que las ONG de ayuda humanitaria que realizan tareas de búsqueda y rescate en el mar no serán criminalizadas.
